Henry Tovar
La
decisión tomada por el gobierno ecuatoriano, en el año 2012, de
cerrar catorce universidades, después de evaluadas, a través del
ente rector de la educación universitaria de ese país, evidencia de
perogrullo, que el aseguramiento de la calidad educativa, comienza
con la enunciación de políticas educativas, fomentadas por el
Estado e implementadas por las instituciones de educación.
La
problematicidad de la evaluación no se circunscribe a evaluar todo
lo que se quiera o se pueda evaluar. No es problema sólo de calidad
y cantidad. Cantidad de pupitres, cantidad de revistas, cantidad de
doctores. Es también de pertinencia. De la orientación de la
formación, de las investigaciones y de la Acción Social de las
instituciones. No sólo de la eficiencia.
El
problema de la calidad tampoco puede sancionarse desde la
legitimación de distintos conceptos de calidad, con los cuales es
posible asumir la calidad posible que cada institución puede ofrecer
para que nada cambie. El punto de partida de las decisiones tomadas
por el gobierno ecuatoriano se sustentó en la formulación de unas
políticas que reorientaron la concepción prevaleciente de la
Calidad. El insumo principal lo constituyó la Ley Orgánica de
Educación Superior y su Reglamento (865).
En
la República Bolivariana de Venezuela, estamos en deuda con el país
por la perentoria e impostergable necesidad de una Ley adecuada a las
nuevas realidades de la educación universitaria y de una Ley para
normalizar los procesos de evaluación y acreditación de
instituciones universitarias, a objeto de garantizar el cumplimiento
del Articulo 103 de la Constitición y el Artículo 45 de la Ley
Orgánica de Educación. De allí la importancia del Sistema de
Evaluación, Supervisión y Acreditación (SESA), propuesto por el
CEAPIES y del Modelo V de Evaluación-Planeación del investigador
mexicano Dr.González González (2005), a cuya propuesta metodológica
se adhiere el SESA.
El
Modelo V de Evaluación-Planeación es una novedosa propuesta en cuya
concepción se introduce la categoría denominada
superestructura,
como elemento ordenador y jerarquizador de los criterios de calidad,
dentro del diseño de la evaluación educativa, como referente
distinto a la categoría de dimensiones.
Aquel se orienta hacia la evaluación de los propósitos,
concepciones, políticas y planes de una institución, materializados
en documentos constituyentes del cuerpo de ideas e intencionalidades,
cuyos contenidos o su ausencia podrían explicar, parcialmente, las
bondades o las limitaciones de sus resultados. Por consecuencia,
resulta evidente que no se trata tan sólo de caracterizar y
visibilizar, conforme a sus funciones, a las distintas dependencias
de una institución, sus visiones autocomplacientes y sus
quehaceres.
El
criterio de superestructura va a la médula del problema, inquiriendo
sistemáticamente sobre el qué y el porqué de las acciones u
omisiones de las instituciones universitarias, cuya acción debe
estar en armonía no sólo con su pertinencia institucional, sino
tambien con las leyes, políticas educativas y los planes de
desarrollo social y humano de la nación.
El
asunto de la repetición de la oferta académica, por ejemplo, no era
propio de las instituciones privadas en la República del Ecuador, la
oferta, allá como acá, responde a una lógica mercantil. En
Venezuela, constituye una práctica viciosa que las instituciones
universitarias del sector privado repliquen sus carreras en todos
aquellos estados en donde tienen extensiones; algunas de las cuales
constituyen franquicias al margen de las normas legales que han
permitido la creación y funcionamiento de esas instituciones; lo
cual es un tema que deberíamos considerar en una futura Ley de
instituciones universitarias.
Resulta
igualmente interesante, ponderar la bondad de un esquema de
clasificación de las instituciones universitarias, conforme a su
calidad o la integralidad de sus funciones. Por ejemplo, no son
iguales las instituciones que producen investigación y las que no
producen. Existen instituciones llamadas universitarias que no lo
son, en atención a diversos conceptos, las funciones y misiones de
la universidad. Eso deberíamos considerarlo para una posible
clasificación, incluso, de las universidades oficiales. También se
debería prestar atención a la pertinencia, la calidad y el impacto
de investigación producida.
El
problema de la precariedad laboral de la planta docente en las
instituciones universitarias privadas, también constituye un grave
problema en Venezuela. A esta situación se le ha prestado poca
atención, a la cual se suma la falta de estabilidad laboral y el
desinterés en la aplicación del escalafón docente, establecido en
la Ley de Universidades vigente. En este sentido, los docentes de
estas instituciones conforman un conjunto de ciudadanos a los cuales
se les restringen sus derechos. Tal como se señala en el informe de
Guillaume Long: ”la precariedad laboral, a más e afectar derechos,
imposibilita la creación de vínculos académicos entre docentes, y
entre docentes y estudiantes. Sin relacionamiento académico no puede
existir una comunidad dedicada a la investigación y a la generación
de conocimiento”
Otro
paralelismo de la educación privada en Venezuela, con respecto al
Ecuador, es la excesiva oferta de carreras que requieren baja
inversión e infraestructura (Administración, contabilidad,
mercadotecnia, turismo), junto con utilización de locales y
viviendas improvisadas para el desarrollo de la labor docente, cuyas
infraestructuras carecen, además, de bibliotecas adecuadas y de
espacios para la práctica deportiva, la apreciación artística y
medios para el debate de ideas. También pareciera interesante, y
necesario, valorar la posibilidad de aplicar pruebas de conocimiento
a los estudiantes de instituciones evaluadas y calificadas con
niveles muy bajos de calidad.
Otra
situación común, digna de considerar en un proceso de evaluación
de instituciones privadas venezolanas, es el relativo al bienestar
estudiantil, el cual no se limita a la ausencia de servicios médicos
u odontológicos, por el presunto entendido de que quien paga un
servicio privado tiene los recursos para otorgarse su propio
bienestar. Tiene que ver también con la existencia o inexistencia de
servicios de orientación, psicología, tutorías, becas trabajo.
Otra omisión remite a la responsabilidad y el compromiso social de las instituciones privadas con relación a las comunidades de su entorno. La generalidad de las instituciones privadas no realizan actividas de Acción Social que no estén vinculadas con algún provecho propio para generar recursos financieros.
En
el año 2005, se señalaba en un informe de la Instituto
internacional para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC), (sobre los institutos y colegios universitarios en
Venezuela), la inconveniente oferta de carreras iguales con nombres
distintos. El informe remitía textualmente la integridad del texto
de la letra A del Libro Oportunidades de Estudio de la OPSU, en la
cual se ofertaban carreras en el área de la Administración con una
determinada orientación (Administración; Administración comercial;
Administración pública; Administración y gestión municipal;
Administración de haciendas; Administración de aduanas;
Administración de hoteles; Administración de transporte;
Administración hospitalaria; Administración turística;
Administración financiera; Administración de compras,
Administración de ventas; Administración, mención gerencia
industrial; Administración, mención relaciones industriales); y se
alertaba sobre la posibilidad de estar formando futuros desempleados
etc. Todas estas denominaciones son, sin lugar a dudas, expresiones
mercadotécnicas, en tanto que la Administración es una sola.
Otras
distorsiones, las constituyen nominaciones presuntuosas de algunas
sub áreas de conocimiento como las Ciencias del fuego, las Ciencias
policiales, las Ciencias penales, Ciencias navales, Ciencias
aeronáuticas, denominaciones fragmentadoras del conocimiento, las
cuales carecen de correspondencia con las áreas de conocimiento
internacionalmente reconocidas y normalizadas.
La
ausencia de representación estudiantil también es una práctica
compartida en las instituciones universitarias privadas de este país.
En
Venezuela existen delitos, no tipificados, como la suplantación de
autoridades académicas y administrativas, a quienes se les requiere
sólo para la firma de documentos o la represención formal de la
institución, o cuando se les realiza actividades de supervisión,
sin previo conocimiento de quienes las dirigen; venta de franquicias;
creación de programas no autorizados.
El
informe de Guillaume Long, sobre la educación universitaria privada
en Ecuador, confirma que el lenguaje empresarial y fordista,
introducido en la cultura de la evaluación de la calidad de
educación, teniendo como centro a la “LA EFICIENCIA”, y al
“eficientísimo productivo”, es un valor propio de la cultura
industrial, que en educación constituye un extravío desdibujador de
la unicidad creadora del trabajo intelectual y las más autenticas
finalidades de la educación universitaria.
El
eficientísimo productivo de las cadenas de producción de la
fábrica, expresado en algunos de los indicadores para la evaluación
de la educación universitaria, nada tiene que ver con la formación
de seres humanos, ciudadanos sensibles, comprometidos con valores
sociales, ciudadanos competentes y cabalmente preparados para
insertarse en una sociedad distinta del capitalismo. Resulta claro
que la lógica del eficientísimo productivo es coherente con los
valores del industrialismo y el capitalismo más salvaje, pero
incoherentes para la comprensión de los procesos formativos de seres
humanos.
La
evaluación de instituciones privadas, tal como ocurrió en Ecuador,
obligará a la “depuración de sedes, extensiones, programas
paralelos y otras modalidades de similares características que
mantengan las instituciones de educación superior fuera de sus sede
o domicilio principal”, conforme a señalado Guillaume Long en el
citado informe sobre las instituciones universitarias ecuatorianas.
En consecuencia, otro elemento bien importante a considerar, por las
presumibles diferenciaciones de calidad existentes en un programa
ofertado en varios estados, será la evaluación de las múltiples y
distantes extensiones de las sedes de las instituciones
universitarias privadas dispersas en el territorio nacional.
Agregaremos
en estas observaciones, un situación que parece tener conexión con
la calidad o las exigencias requeridas por los programas ofrecidos
las instituciones universitarias privadas, como el caso de la
existencia de instituciones universitarias que semejan líneas de
producción de postgrados y doctores. En el Zulia, existe por lo
menos una institución de este tipo.
Finalmente,
se debe señalar, que todas estas anormalidades son, en parte,
consecuencia de la inexistencia de un sistema de evaluación
institucional y de carreras en Venezuela. Ciertamente, se carece de
una cultura de la evaluación, pero ha faltado voluntad e
instrumentos legales adecuados para enfrentar estos despropósitos en
la educación universitaria. De allí la importancia, repetimos, del
sistema de evaluación (SESA), propuesto por el CEAPIES, cuyo Comité
Asesor, integrado por veintisiete académicos de universidades
nacionales, es liderado por el Dr. Ovidio Charles Van Glover, quien
también funge como Coordinador del Consejo Consultivo Nacional de
Postgrado (CCNP) y a quien hemos escuchado su preocupación por los
modelos de formación profesional prevalecientes en las instituciones
universitarias, cuyas orientaciones, implantadas desde el exterior en
la década de los años sesenta (en medicina y en todas las
ingenierías), responden a las lógicas de la dependencia
tecnológica.
A pesar de que, desde la divulgación del SESA y la consulta hecha entre las instituciones universitarias nacionales, el sistema propuesto ha sido bien ponderado por varias universidades, y de que, ni tan sólo una voz pública se ha mostrado contraria a la propuesta, la misma dormita en algún archivo del Consejo Nacional de Universidades. Cuestión que tampoco obsta para que las instituciones se auto-evalúen o para que se generen procesos de evaluación y acreditación de programas en las instituciones dependientes del MPPEU.
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