Españoles pierden memoria
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Por
Rafael Ángel Ugalde
Razones
encontradas; eso sentí una noche de estas, cuando un jerarca español
me recordó que la vigencia del franquismo en España radica en la
capacidad que tienen sus representantes de convivir orondos, tanto en
el Partido Socialista Español de Felipe González y José Luis
Rodríguez Zapatero, como en el Popular de Mariano Rajoy, y José
María Aznar etc.
Tranquilamente
dijo que como antes de que en España llegara la democracia se
aplicaba la pena de muerte- entiéndase que, como en la época de
Franco el asesinato extrajudicial estaba vigente-, no hay hoy delito
en la aplicación de la misma.
Con
este argumento, socialistas y populares llevan más de medio siglo
negando a los españoles que la “madre patria” es el segundo país
del mundo, después de Camboya, que tiene el mayor número de
desapariciones y tumbas clandestinas en los últimos años.
Pero
el susodicho “experto” fue más allá y calificó de “prescritas”
las desapariciones y las tumbas de fusilados, a lo largo y ancho de
España que dejó el general Franco con la complicidad de la
jerarquía católica de entonces.
Algunas
osamentas fueron exhumadas el año pasado porque dos jueces
argentinos atendieron, con la oposición de Madrid, a varias víctimas
del franquismo y ordenaron registrar las tumbas que socialistas y
populares han logrado esconder desde 1936.
El
intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco
entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación
por prevaricato y la suspensión en el cargo.
El
magistrado Garzón, que en los 90 impulsó la investigación de los
crímenes cometidos por el General Augusto Pinochet en Chile fue
“linchado” de las Cortes por socialistas y populares por el
atrevido intento de investigar las andanzas de Franco.
Sin
embargo, su tesis de que estos crímenes de lasa humanidad jamás
prescriben, fortaleció el reclamo de los descendientes de las
víctimas radicadas en Argentina, que comenzaron a organizarse hace
quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.
A
quienes la vida nos dio la oportunidad de conocer sobre derecho penal
humanitario, sabemos que los crímenes de lesa humanidad no
prescriben; otra cosa es que el Tribunal Penal Internacional y las
Cortes españolas se hagan las locas.
Pablo
de Greiff, un relator especial de la ONU para indagar este genocidio,
al concluir su investigación sobre los crímenes cometidos en
España, dijo que son 20 páginas las que ha necesitado, para resumir
su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español
frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Y
la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones,
mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos,
y por la reparación a las víctimas.
La
sentencia es contundente: “No se estableció nunca una política de
Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni
mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de
”privatización” de las exhumaciones, que delega esa
responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la
indiferencia de las instituciones estatales…”.
De
Greiff critica duramente las” interpretaciones restrictivas de la
Ley de Amnistía” con la cual tratan de dar impunidad a estos
criminales hispanos, ya que, según el veredicto, “no sólo niegan
el acceso a la justicia sino que también impiden cualquier tipo de
investigación”.
Y
aun así, del otro lado del Atlántico, esta gente nos viene a dar
lecciones sobre democracia y derechos humanos. El cinismo, de verdad,
no conoce límite.