POR VICKY PELÁEZ
La economía libre y libre
comercio son sólo expresiones para el consumo de los tontos e
ignorantes. La economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado
en beneficio del pueblo o lo hacen grandes consorcios en perjuicio
de éste”. (Juan Domingo Perón, 1895-1974).
En cada época las elites
dominantes lanzan utopías sociales para asegurar, fortalecer y
aumentar su riqueza. Hace más del medio siglo lograron imponer
las ideas del libre mercado y de libre competencia. Para ello dieron
ventaja sin ningún límite a las corporaciones multinacionales que
supuestamente tendrían que desempeñar el papel del motor de la
economía global. A la vez, los gobiernos de turno en los países en
desarrollo, siendo Latinoamérica parte de este grupo, convencieron a
los líderes, previamente seleccionados y educados en las
universidades de los Estados Unidos y Europa occidental, de la
necesidad de apertura importadora, desregulación financiera,
privatización generalizada, el achicamiento del Estado y su
alejamiento de la economía.
Por supuesto, que los
gobernantes latinoamericanos cumplieron sumisamente las recetas de
sus patrocinadores y se lanzaron en el abismo del mercado libre.
Bolivia se acuerda con amargura hasta ahora de su experimento
con el mercado libre, vía “Terapia de Choque”, aconsejado por el
profesor de Harvard, Jeffrey Sachs y llevado a cabo por el
ministro de Planificación en 1985, Gonzalo Sánchez de Lozada, autor
del Decreto 21060. Aquel mismo año dos tercios de trabajadores de
las vitales empresas de Estado fueron despedidos. El índice del
desempleo alcanzó el 28 por ciento y el de subempleo un 70 por
ciento.
La prometida inversión de
las trasnacionales nunca llegó y la sobrevivencia de Bolivia fue el
resultado de narcotráfico, aumentando entre 1985 y 1990 la extensión
de tierra para las plantas de coca de 24, 999 a 70,000 hectáreas.
Este cultivo aportó a Bolivia en 1989 un poco más de 700 millones
de dólares. Si tomamos en cuenta que la exportación total aportó a
Bolivia aquel año 720 millones de dólares nos daremos cuenta del
poder del narcotráfico para evitar la bancarrota del país. Lo
curioso fue que el autor de aquel desastre económico en Bolivia,
Jeffrey Sachs abandonó al país en 1986, “desilusionado por
la corrupción y la incapacidad de los bolivianos” para salir
adelante.
Desde aquel inicio del
libre mercado pasaron más de 25 años. En estos años las
trasnacionales no solamente se apoderaron de lo que ellos llaman el
mercado libre global sino establecieron sus reglas de juego en
términos jurídicos y políticos e inclusive impusieron un sistema
ideológico basado en la competencia, especulación para crear la
demanda, el individualismo y el consumismo. Pero cómo se puede
competir con ExxonMovil si en la lista de los países de acuerdo al
GDP esta corporación debería de estar en el 30 lugar adelante de
Argentina y Sudáfrica. El capital de ExxonMobil es de 315 mil
millones de dólares y él de la BP, de 130 mil millones. El volumen
de las ventas anuales de Wallmart supera la suma del Producto Interno
Bruto (PIB) de Colombia y Ecuador.
Según el ex secretario de
Trabajo (1993-1997) de EE.UU. Robert Reich, en las últimas dos
décadas las ganancias corporativas subieron 600 por ciento mientras
que los salarios sólo un 30 por ciento. Las más grandes
trasnacionales controlan decisiones del gobierno de los Estados
Unidos y el de la Unión Europea, imponiendo también sus reglas en
América Latina. Sus preferencias están orientadas hacia el sector
de alimentos, salud, el acceso a la medicina, medio ambiente,
inversión extranjera y los servicios públicos, es decir lo esencial
para el ser humano. Lo curioso fue que desde el inicio de la crisis
económica en Norteamérica y la Unón Europea, las transnacionales
encontraron su refugio en América Latina. Solamente en 2011 en plena
crisis financiera en Europa, el Banco de Santander obtuvo el 52 por
ciento de beneficios en América Latina, el BBVA – el 47 y la
Telefónica-el 46.5 por ciento.
La revista mexicana
“Dinero” publicó un estudio que reveló que las ganancias de las
sucursales de 100 multinacionales en México en 2012 crecieron el 9.3
por ciento mientras que el PIB de México apenas registró un 1.3 de
crecimiento y su sector industrial entró en una brusca caída, como
el resultado de la apertura comercial hacia el exterior casi sin
restricciones. Todo esto sucedió debido a las presiones de las
multinacionales y su muy activa campaña de promoción de la apertura
incondicional del mercado mexicano presentada como una virtud y la
condición para el bienestar social. Pero todo ha sido pura retórica
pues el 50 por ciento de los mexicanos viven en la pobreza.
Al otro extremo del
continente, en Argentina , el 93 por ciento de las exportaciones de
los granos fue realizado, según el economista Horacio Rovelli, por
más de 10 firmas grandes como Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis
Dreyfuss, Topfer, ADM, Bunge Cerval y muchas otras. Todas estas
corporaciones controlan por completo el comercio de cereales y
oleaginosas y son acopiadoras de cosechas, es decir de más de 8
millones de toneladas de granos. En términos generales, la
agricultura en América Latina está mayormente en manos de las
trasnacionales como Singenta, Cargill, Monsanto, Chiquita Brands, Del
Monte, Bayer, Bunge, Stora Enso, ENCE. Se calcula que actualmente
hay unas 10 trasnacionales que manejan el 90 por ciento de la
alimentación a nivel global: KRAFT (US), CocaCola (US), Pepsico Inc.
(US), Kelloggs (US), Nestle (Switzerland), Procter & Gamble (US),
MARS (US), Unilever (Britain, Dutch), Johnson & Johnson (US) and
J & J (US).
Todas estas
multinacionales, junto con otras 10 mega nacionales como Wall-Mart,
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, GM, Toyota Motors, Chevron,
Daimler-Chrysler, ConcoPhillips, Total y unas cuantas docenas
de corporaciones financieras, farmacéuticas, las del complejo
militar-industrial y las de medios de comunicación , actúan como un
poder aparentemente invisible. Sin embargo, son ellas las que
determinan no sólo la dinámica bursátil, sino seleccionan el
país para desestabilizarlo, tal como está sucediendo actualmente en
Venezuela o restringir el crédito (el caso de Ecuador). También
está en manos de las transnacionales seleccionar el país para una
“revolución de colores” (actualmente Ucrania) o simplemente
destruirlos a través de la guerra (Afganistán, Irak, Livia). Por
algo se invierten diariamente en los gastos militares a nivel mundial
3,000 millones de dólares.
También estas
corporaciones organizan conferencias para ellas mismas como por
ejemplo, la que se celebró hace unos meses en Londres, “Feeding
the World” (Alimentando al Mundo) cobrando por la entrada 1,149 de
dólares-un precio inalcanzable para la mayoría de los interesados.
En noviembre de 2013 tuvo lugar el fórum sobre el Comercio y
Desarrollo en las Naciones Unidas que fue atendido por representantes
de 200 multinacionales. Allí tomaron decisiones sobre la necesidad
de la inversión privada para el desarrollo en América Latina.
También discutieron el mecanismo para asegurar el retorno del
dinero invertido en las condiciones de las corporaciones y la
necesidad de establecer los parámetros laborales y el sistema de
subcontratación de la mano de obra local para aumentar las
ganancias.
Dijo alguna vez el
profesor Noam Chomsky que todo lo relacionado con el libre comercio y
sus tratados “no envuelve tanto el comercio sino los derechos de
inversores”. Actualmente las empresas transnacionales y, en
especial las financieras, de acuerdo a los autores del libro,
“Empresas Transnacionales en América Latina”, Juan Hernández,
Mikel de la Fuente, Andrea de Vicente Arias y Koldo Irurzun, “han
tejido una tela de araña político-jurídica con la participación
de Estados centrales para crear un sistema de dominación política
extremadamente eficaz y sutil” obligando la claudicación de
los Estados más débiles. Los autores de este libro bautizaron el
sistema establecido como “derecho neo feudal corporativo”. Evo
Morales alguna vez exclamó en una conferencia de inversores que
“queremos socios y no dueños de nuestros recursos naturales”.
Los intereses de las
trasnacionales no coinciden con las de Evo Morales pues están
proyectados a debilitar el Estado nacional a través de un sistema de
arbitraje donde el Estado prácticamente siempre pierde en los
juicios con las multinacionales.. Para estos propósitos se formó
bajo la tutela del Banco Mundial el Centro Internacional para el
Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones
(CIADI). Su arbitraje ha sido tan “eficiente” y tan cínico al
mismo tiempo que Bolivia, Venezuela y Ecuador se retiraron de este
organismo.
Actualmente la mayoría de
los países latinoamericanos están atrapados por el poderoso
régimen internacional de inversiones. Si en 1996 se registraron
solamente 38 casos Estado versus Transnacional o viceversa, en 2011
su número llegó a 450 procesos de arbitraje. Unos 15 árbitros,
mayormente procedentes de EE.UU., Unión Europea o Canadá, han
resuelto en los últimos dos años el 55 por ciento de disputas
relacionadas con los tratados de inversión. El sistema de
arbitraje puede ser resumido con una frase del escritor irlandés
Humphrey O’Sullivan que escribió en 1831 que de “poco sirve ir a
juicio contra el diablo cuando el tribunal se lleva a cabo en el
infierno”.
Seguro que lo mismo sintió
Uruguay cuando Phillip Morris lo demandó por introducir advertencias
obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajetillas de
cigarrillos. Lo mismo pasó con Argentina cuando congeló las tarifas
de los servicios públicos y devaluó su moneda al responder a la
crisis financiera en 2001-2002. Inmediatamente recibió más de
40 demandas de las corporaciones: CMS Energy (EE.UU.), Suezy
Vivendi (Francia), Anglian Water (GB) y Aguas de Barcelona (España).
Y qué decir de Ecuador,
cuyas comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbios
presentaron en 1993 en los EE.UU. una demanda contra la petrolera
Texaco (en 2001 fue adquirida por Chevrón) por contaminación
medioambiental y el daño a la salud de sus habitantes. Hasta ahora
el caso no está resuelto. Comentando este hecho el diciembre
pasado, el presidente de Ecuador Rafael Correa dijo que “cada vez
más los tribunales de arbitraje están fallando a favor de
multinacionales”... y que en este caso hay posibilidad que “Chevron
no solo quedaría exonerada de pagar por la limpieza de la selva y la
reparación de las comunidades afectadas, sino que podría demandar
pagos al pueblo ecuatoriano por el costo legal de litigio”.
Mientras tanto las transnacionales están aislando Ecuador comercial
y políticamente. Si tomamos en cuenta que los tres árbitros
que habitualmente participan el proceso reciben 3,000 dólares por
hora de trabajo podríamos imaginar de que cantidad de dinero está
hablando Rafael Correa.
Frente este abuso, los
representantes de los países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de nuestra América (ALBA) se reunieron el año pasado y
suscribieron una declaración a la que se adhirieron ocho más países
del continente para establecer mecanismos de intercambio de
información y asistencia recíproca, tanto en procesos de
negociación como en controversias entre los Estados y empresas
transnacionales. Este año habrá otra conferencia para establecer
mecanismos concretos para proteger los intereses de los Estados
latinoamericanos en caso de demandas de las transnacionales.
En realidad lo que
se necesita es crear un propio mecanismo de arbitraje a nivel
regional a base de CELAC o UNASUR. Las hermanas trasnacionales están
unidas estrechamente y se ayudan mutuamente en caso de conflictos,
especialmente relacionados con la inversión, mientras que los países
latinoamericanos siguen cada uno por su cuenta, a pesar de tanto
hablar sobre la solidaridad e integración.
En este aspecto, Bertolt
Brecht les ofrece una excelente solución a los países hermanos
latinoamericanos: “Aquello que no es raro encontradlo extraño. Lo
que es usual que os asombre. Lo que es regla vedlo como un abuso. Y
cuando veáis un abuso ¡ponedle un remedio!
Ya es hora de hacerlo en
América Latina.
TOMADO DE RIA
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