Henry Tovar
Se vuelve a plantear la necesidad y la posibilidad de establecer políticas para la creación de un sistema de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias. Proponer políticas en materia de creación, evaluación y acreditación de instituciones universitarias, requiere de la revisión de los antecedentes sobre el tema. Es importante despejar dudas en torno a los procedimientos requeridos para concretar la implantación un sistema articulado, comparable y evaluable, entre instituciones nacionales y por instituciones universitarias de la región. Por consecuencia, sería fundamental que abarque a la totalidad de las instituciones nacionales de este sector. A nivel nacional, se debería buscar coincidir en aspectos mínimos, relacionados con conceptos, criterios, actores, enmendar despropósitos relativamente distantes y conocer, con rigor, al margen de voluntariedades sobre la realidad institucional de esos procesos y sobre la situación normativa nacional y regional. Es un propósito sobre el cual su vuelve, sin generar pertinentes acuerdos con los actores involucrados. No está claro, si la más reciente versión del Sistema de Evaluación, Seguimiento y Acreditación (SESA ) están consideradas estas exigencias.
Las instituciones universitarias y en segundo término en el ente rector del sector universitario, están en deuda con el tema de la instrumentación de un sistema de evaluación de la calidad. Omitiremos aquí, discurrir sobre la importancia de la evaluación y la acreditación como procesos fundamentales para el ejercicio de la planificación, la promoción del desarrollo científico y tecnológico, para transformar los aspectos indeseables y como instrumento para el intercambio académico y el reconocimiento de pares e instituciones en la región.
Desde cuando comenzó el boom de la evaluación, en la década de los ochenta del siglo pasado, las instituciones de educación superior, como aquí se les llamaba, comenzaron con espontáneos tentativas de evaluación institucional. Luego, están ampliamente documentadas las experiencias sistemáticas, realizadas a partir de la década de los ochenta en la UPEL (1987), LUZ (1995), UC (1997), ULA, USB y UCV, a través de una experiencia interinstitucional realizada en 1997, las Escuelas de Medicina, Administración y Contaduría de la UCV (1998), UNEG (2000).[1] Hubo también iniciativas públicas para normar la evaluación de las instituciones[2] y procesos de evaluación para la autorización de su funcionamiento. Es importante esta digresión, para dejar claro que la evaluación institucional ha existido en las instituciones autónomas y experimentales, como ejercicio espontáneo de su funcionamiento, aunque siempre, dependiente de las iniciativas personales de las autoridades de turno. Nunca por mandatos expresos de la Ley ni de modo regular y sistemático y referido un modelo consensuado de universidad.[3] Se ha carecido, no obstante, de un sistema, que permita la evaluación, la comparación y el mutuo reconocimiento, primero, entre las instituciones nacionales, y luego con las instituciones universitarias de la región Latinoamericana y del Caribe.
Desconozco que mecanismos y cuál nivel de complejidad hubo para la evaluación institucional en los institutos y colegios universitarios oficiales, surgidos en la década de los años setenta. Carecemos de duda, sobre la inexistencia de formas rigurosas de evaluación institucional, en este mismo tipo de instituciones del sector privado.[4] Los mecanismos de evaluación siempre estuvieron referidos a la evaluación del desempeño de alumnos y profesores. A las instituciones oficiales, de este sector, no se les hacía supervisión, tan sólo un asistemático seguimiento, por parte del MPPEU, verificable en los archivos de la Dirección de Supervisión y Seguimiento del MPPEU (2008-2009).[5] Ignoro el nivel de exigencias, en torno a este tema, en las instituciones de más reciente creación: universidades especializadas y politécnicas territoriales.
La existencia de una cultura de la evaluación institucional en universidades autónomas y experimentales, permitió, entre los años 2009 y 2010, la acreditación de dieciséis programas de grado de diez universidades. Nueve carreras de Agronomía en Arcu-Sur: UCV, LUZ, UNELLEZ, UNET, UDO, UNEFM, UNREG, UNESUR Y UCLA, cuatro carreras de Agronomía, correspondientes a la UCV, LUZ; UNET y USB; tres carreras de Medicina Veterinaria, Durante estos mismos años se formaron 60 docentes para la conformación de las Comisiones de Autoevaluación. Este proceso fue posible, luego de que el Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior (CEAPIES), lograra su incorporación a la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES) en el 2009 y a la Red de Agencias Nacionales de Acreditación. Durante los años señalados, también se logró la firma de convenios de asistencia con el Instituto Internacional para la Educación en Latinoamérica y el Caribe (IESALC) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), para la capacitación de pares evaluadores nacionales e internacionales en Agronomía, Arquitectura, Veterinaria y Medicina. Se realizaron talleres de difusión.
La acreditación lograda por las universidades autónomas y experimentales, entre los años 2009 y 2010, fue por cinco años, luego de los cuales no hubo continuidad del Ceapies para la promoción de procesos de evaluación en otras carreras, por motivos presupuestarios, para asistir a las reuniones de las agencias regionales de acreditación. Careció de recursos propios y de apoyo ministerial a las solicitudes de recursos. Hubo también desconocimiento, de las autoridades, sobre la importancia del organismo, a pesar de los logros alcanzados. Entre 2012 y 2014 hubo cambios sucesivos de ministros y de la estructura del ministerio y luego dentro del MPPEUCT. Al perecer no se consideraron los antecedentes históricos de las diversas iniciativas, y sus complejidades, orientadas hacia la creación de un sistema. Desestimaron la información que se les suministró. Estimaban que era posible hacer procesos de evaluación dentro de las estructuras del ministerio y al margen de cualquier tipo de vínculos externos. En ese trance, fue suprimido su funcionamiento y con el concluyeron gestiones y acuerdos de evaluación y acreditación en Mercosur (ARCUSUR). Finalmente, sus funciones quedaron inútilmente disgregadas en varias direcciones de las estructuras creadas desde entonces. El CEAPIES, desapareció, por confusión e ignorancia, sobre los propósitos propios e indelegables del Comité.
El tema de la evaluación y la acreditación es una actividad especializada, por determinada complejidad. Los organismos que la gestionan tienen requisitos de autonomía funcional y financiera, como parte de las exigencias de calidad de sus propios procesos internos. De hecho, organismos como el extinto CEAPIES, en la región, son organismos asesores de alto nivel. Funcionan como agencias especializadas, autónomas y organismos asesores de los ministros de educación o de las secretarías de la Presidencia de la República. Pareciera que la primera imprevisión (2008), fue no haber creado directamente la agencia, conforme a las exigencias de buenas prácticas de las agencias de evaluación y acreditación regional. La segunda, haber creado un comité sin una resolución ministerial.[6] El CEAPIES, nunca tuvo autonomía funcional y menos con autonomía presupuestaria. Existió, en términos de dependencia, como un Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de la Educación Superior, adscrito y formalizado, en los artículos 69, 70 y 71 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior (MES), publicado en la Gaceta del 07 de octubre del 2008. En el artículo 69, se le define, textualmente, como un órgano asesor del MPPES constituido como un cuerpo colegiado integrado por académicos de reconocida trayectoria, cuya función es coordinar procesos de evaluación y acreditación institucional para garantizar, reconocer promover la calidad de la educación superior. Estas consideraciones y avales, tampoco sirvieron para preservar su estructura. La independencia exigida, para gestionar procesos de acreditación, se fundamenta en la necesidad de que esos organismos no sean parte interesada de las instituciones solicitantes de acreditación. Era conocida la provisionalidad de aquella situación. Con la eliminación de ese ministerio y su fusión con el de Ciencia y Tecnología desapareció el Comité.
La decisión de crear un sistema nacional de evaluación siempre ha se ha topado con vacíos y duplicidades de competencias legales. Por ejemplo, el Sistema de Evaluación y Acreditación (SEA), hubo de posponer la posibilidad de evaluar a los institutos y colegios universitarios por no disponer de información sobre ellas, las cuales carecían de representación en el CNU. Eran parte de otro subsistema. El SESA constituye una visión metodológica amplia, pero sigue en suspenso por contradicciones internas, en medio de las indefiniciones existentes. Replantear la iniciativa de generar procesos de evaluación y acreditación requiere entonces de claridad con relación a las competencias institucionales y legales, capacidades y finalidades. El proceso de evaluación institucional y de carreras debería:
1) Estar organizado, dentro de las instituciones, por Comisiones de Evaluación institucional, de carreras y de programas.
2) Estar dirigido y supervisado por un organismo especializado con personal calificado y dedicado a tiempo completo a ese proceso.
3) Generar procesos de evaluación y acreditación nacional sobre la base de una concepción de la calidad y un conjunto de indicadores más o menos correspondientes con esa concepción.
4) Establecer hacia cuál conjunto de instituciones va dirigido. ¿Es el SESA es un sistema o un subsistema? Es decir, pretende abarcar a todas las instituciones nacionales, o sólo a las instituciones dependientes del MPPEU.
5) Establecer si será un ejercicio obligatorio, o voluntario, para todas las instituciones oficiales y privadas, autónomas y experimentales e incluso la totalidad de las instituciones dependientes del MPPEU, incluida Misión Sucre.
6) Elaborar un diagnóstico de las universidades nacionales y clasificarlas a conforme a sus finalidades, tamaño y capacidades, previa construcción y consenso de criterios y de los indicadores correspondientes.
7) Generar manuales de evaluación, indicadores, reglamentos, cuestionarios y los protocolos necesarios para solicitar procesos de evaluación nacional y acreditación en los organismos de la región.
8) Cuáles instrumentos legales se requieren para la implantación del sistema de evaluación: Ley de evaluación y acreditación de la calidad, reglamentos de evaluación y acreditación, convenios, adhesiones a organismos de evaluación y acreditación.
9) Debería saberse que todas las instituciones se pueden autoevaluar, pero dentro de una concepción sistémica nacional, que permita la comparación y el reconocimiento mutuo.
10) Debería saberse quiénes son los organismos acreditadores de la calidad y cuáles las exigencias requeridas para solicitar acreditaciones.
11) Establecer planes anuales de evaluación y acreditación y acreditación por tipos de institución y carreras.
12) Estimarse cuál es el costo monetario de la implantación del sistema y de la evaluación y la acreditación de una institución universitaria, en el contexto de las limitaciones económicas en la cual estamos.
Evaluar las instituciones tiene por finalidad, transformarlas, crear servicios inexistentes, mejorar sus infraestructuras, crear proyectos para la producción de tecnologías, planes de mejora, y dentro del ministerio, generar metas y procesos de supervisión y seguimiento, lo cual conlleva la necesidad y la posibilidad de la disposición y asignación de recursos.
Las iniciativas, documentos y propuestas desarrolladas por las universidades desde la década de los ochenta, los proyectos previos de la OPSU y el propio MPPEU, constituyen un caudal de experiencias, ineludibles de revisar, como posibilidades de aprendizaje para la concertación de políticas. Por consecuencia, diremos finalmente, que parece conveniente conocer, con rigor, las causas de los frustrados propósitos para concretar procesos de evaluación de grado en la totalidad de las instituciones nacionales, tanto como la necesidad de generar estrategias para concertar los propósitos mencionados.
Bibliografía
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Villarroel, Cesar Mejías Elizabeth (1994) Evaluación Institucional de las Universidades. Caso Venezuela. Análisis. Vol. 3 nro.1. Revista de Educación Superior. Etapa 1994.
[1] Cadenas Rondón (2011); Campero Mercedes (2007); Bartolomé et al (2006); García Guadilla et al (2006); Velázquez, Ferrer y Clemenza (2001); Villarroel y Mejías (1994).
[2] “Políticas de desarrollo de la educación superior, referidas a la creación de instituciones y nuevos programas” Gaceta Oficial 4.735 15-06-1994 Resolución 17
[3] Creación de la Comisión de Evaluación Institucional de las Universidades (CNU,1983)
[4] La calidad, también es un tema vinculado con exigencias y la existencia de talento humano y recursos monetarios.
[5] Por testimonio personal durante el tiempo en el cual trabajé en esta Dirección.
[6] Se cita la resolución 3724 del 23 de julio de 2008. Pero esta nombrada resolución nunca fue citada en los documentos emanados desde el CEAPIES. Salvo que la misma corresponda al Reglamento Orgánico del MES publicado en Gaceta el 07 de octubre de 2008.
