En
el marco del «nuevo comienzo» prometido en la última campaña
electoral, el presidente Nicolás Maduro anunció el Programa de
Recuperación, crecimiento y prosperidad económica, un nombre
demasiado exagerado para un paquete de medidas que busca sacar al
país de la hiperinflación más alta de la historia latinoamericana.
En verdad, no se conocen más que anuncios aislados y es difícil
saber si detrás de ellos existe un verdadero plan económico para
revertir el desastre económico y social más allá de la retórica
oficial.
Por
Manuel Sutherland
agosto
de 2018
Casi nadie se atreve a negar que Venezuela sufre la
crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo, el
país presentará la inflación más alta del mundo (estimada en
82,766% para el período de julio de 2017 a julio de 2018. En julio
de 2018 la inflación del mes alcanzó el 125% y la inflación
acumulada en 2018 roza el 10.664,7%. De este modo, el país lleva
nueve meses consecutivos de hiperinflación.
Venezuela
posee además un déficit fiscal que ronda el 20% del PIB (al menos
por sexto año consecutivo), el riesgo país más alto del mundo, las
reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los
últimos 20 años (menos de 8.500 millones de dólares) y una aguda
escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas). El
valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los
precios de la economía) se ha incrementado en más de 9.900% en lo
que va de 2018.
Sobre
ese infausto panorama el presidente Nicolás Maduro lanzó lo que dio
en llamar «Programa de Recuperación y Prosperidad Económica». El
plan de «salvación» es aún desconocido. Pero se difundieron una
serie de anuncios que prometen ser un gran viraje en la política
económica nacional. Veremos de manera sintética el núcleo de esas
proclamas y el contexto concreto del cual dimanan.
La
hiperinflación anualizada más alta de la historia.
Mientras
que las hiperinflaciones ocurren por lo general sin caídas
dramáticas de la producción, la hiperinflación de Venezuela
presenta un fuerte derrumbe en el suministro de bienes ya que la
economía se ha reducido drásticamente cada año desde 2014. Según
cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2016 la producción
disminuyó un 16,5% y la caída de 2017 y 2018 se estima en unas
valores semejantes. Cálculos propios arrojan que la caída en el PIB
para el período 2013 a 2018 podría llegar a rozar el 45%.
Si
la inflación del mes de julio (la más alta en nuestra historia) se
repitiese por los próximos 11 meses, hablaríamos de una inflación
anualizada de 1.683.411,21%. Si la primera hiperinflación registrada
en noviembre de 2017 (el primer mes de hiperinflación, con 56,7%) se
repitiese como promedio mensual, la inflación anualizada sería
21.919%, un escenario que quizás el gobierno maneje como «deseable»,
pero ya imposible. Para Steve Hanke, especialista en procesos de
hiperinflación en el mundo, la hiperinflación anualizada (julio
2017 a julio 2018) alcanzó la escalofriante cifra de 65.320 %. Esta
inflación fue medida a través de las variaciones del tipo de cambio
paralelo, puntualmente el indicador de Air TM.
A
simple vista el «elefante en la sala» parece ser la hiperinflación,
en segundo lugar la profunda caída de la producción y en tercer
lugar de la destrucción voraz del poder adquisitivo de los salarios
de los trabajadores. Siendo estos tres ejes nodales en la crisis
económica, el gobierno ha decidido atacar a los tres a la vez.
Veamos…
¿En
qué consiste el «plan»?
I.
El plan económico no existe o no se ha dado a conocer al público.
Si el gobierno anhela credibilidad y confianza en su plan secreto,
este debería dejar de serlo y abrirse los venezolanos.
II.
Al no conocerse el plan, todas las medidas lucen aisladas y
dispersas. Propuestas llamativas parecen saltar de la chistera de un
mago sin ninguna organicidad o armonía.
III.
El «plan» no tiene el más mínimo consenso entre diversos sectores
gremiales, políticos, sindicales, populares ni académicos. Por
ende, genera más dudas, temores e incertidumbre que esperanzas.
IV.
Un diálogo abierto hubiera podido pulir las aristas problemáticas
del «plan» y generado cierta sensación de participación, lo que
hubiera podido dar lugar a compromisos y apoyos sociales
indispensables. Pero tal como fue implementado, los anuncios suenan
como órdenes, como gritos de cuyo incumplimiento acarrea castigos.
V.
Los anuncios atacan factores esenciales de la economía, pero dejan
de lado muchísimos ámbitos importantísimos que son
sintomáticamente olvidados. El «plan» debería estar disponible
para su exhaustiva revisión, y éste debe ufanarse de ser lo más
completo posible.
VI.
Y para ser un verdadero plan, debería tener metas específicas en
cuanto a fechas, indicadores y magnitudes a las cuales se quiere
llegar. La ausencia de toda prospección técnica hacer parecer a los
anuncios como una declaración de intenciones muy optimista y etérea.
El wishful thinking habitual.
Extractos
comentados de anuncios sueltos
I.
La varias veces pospuesta reconversión monetaria fue confirmada para
el 20 de agosto. Luego de anunciar que se le quitarían 3 ceros al
Bolívar, hace unos días se decidió que fueran 5 ceros. El «bolívar
fuerte» pasa a llamarse «bolívar soberano».
El
problema de esta medida necesaria es que es apresurada porque no
tiene la preparación que requiere un cambio tan drástico en la
familia dineraria que hoy en día, según el Banco Central de
Venezuela, apenas puede cubrir el 0,9 % de la liquidez monetaria. Es
evidente que la cantidad de billetes requeridos no está disponible,
que coexistirán los nuevos billetes con los anteriores (más sus dos
ampliaciones) y que debieron eliminar 6 ceros en lugar de 5.
Obviamente debemos destacar que desde 2008 se le han quitado unos 8
ceros a la moneda y que la reconversión monetaria debió ser la
guinda del pastel de un programa de estabilización macroeconómica y
no precederlo. De no tomarse con seriedad las medidas económicas
antiinflacionarias es evidente que en pocos meses los cientos de
millones de dólares invertidos en la reconversión habrán caído en
un saco roto por el ritmo inflacionario.
II.
El gobierno decidió «anclar» el bolívar al Petro y darle a este
un valor oscilante de 60 dólares. El valor del Petro será entonces
de 3.600 bolívares soberanos (el tipo de cambio implícito será de
60 bolívares soberanos por dólar, es decir 6.000.000 de bolívares
fuertes).
El
Petro es una «critptomoneda» que carece de venalidad. Las supuestas
miles de ofertas de compra por el Petro jamás se concretaron y el
Petro no se compra ni se vende. El Petro está respaldado por las
reservas de petróleo del Bloque I de la Faja petrolífera del
Orinoco. El asunto es que (aparte de ser violatorio de la
Constitución y la Ley de Hidrocarburos) la garantía real de cada
Petro no existe, ya que el petróleo que la «sustenta» está
cientos de metros por debajo de la tierra en una zona donde no hay
extracción ni procesamiento del mismo. Extraer ese petróleo
extrapesado cuesta decenas de miles de millones de dólares que
Petróleos de Venezuela (PDVSA) no tiene. Para ser un respaldo real,
el Petro debería ser canjeable por una cantidad de petróleo clara y
específicamente establecida.
El
tipo de cambio y el valor del Petro se decidieron de una manera
completamente arbitraria. Aunque sabiamente se derogó la Ley de
Ilícitos Cambiarios, no se anunció la eliminación del Control de
Cambio ni se planteó un nuevo sistema de cambio libre.
III.
Maduro fijó «el salario mínimo, las pensiones, y la base de
salario para todas las tablas del país» en 1.800 bolívares
soberanos (180.000.000 de bolívares fuertes). El actual salario es
de apenas 3 millones de bolívares fuertes, si a este adherimos el
bono de alimentación, la remuneración mínima legal mensual sería
de 5.196.000 de bolívares fuertes, es decir, 51,96 bolívares
soberanos. El presidente no especificó si el aumento del salario
incluía o excluía el bono de alimentación. Partiendo que este
representa una gran parte del salario (lo que amerita una reforma a
la Ley del Trabajo) diríamos que el aumento neto porcentual fue de
3.364 %, de un solo plumazo. A dólar oficial (DICOM) representa 30
dólares mensuales, justo en el umbral de la pobreza extrema que se
calcula por debajo de un dólar por día. A la cotización del dólar
paralelo el salario mínimo es de unos 18 dólares mensuales, un
terrible salario de miseria e inanición.
El
asunto de este «munificente» incremento salarial es que es
asombrosamente elevado para las capacidades de pago del 95% de las
empresas. Por más doloroso que parezca ni el arruinado y deficitario
Estado ni los quebrados empresarios tienen el suficiente dinero como
para pagar ese incremento ya que su producción y la productividad
correlativa del trabajo son extremadamente bajas. Por ende, no hay
base económica para un aumento semejante ya que se está en el
estadio más álgido de la crisis, es decir, de la caída de la
producción motivada al cierre o paralización de cientos de miles de
empresas.
Aunque
muchas empresas sobrevivirán a este incremento extrínseco en su
nómina, es de esperar una fuerte ola de despidos, ya que casi
ninguna empresa pequeña que no haga exportación puede soportar de
un solo golpe una nómina 33 veces más alta. El despido podría
ampliar el «ejército industrial de reserva» y peor aún, sumergir
a otros cientos de miles de trabajadores en población obrera
sobrante consolidada. Ello aumentaría la oferta de trabajo y
reduciría los salarios reales. A su vez, los despidos y paralización
de la producción aumentarían la escasez, lo que empujaría los
precios hacia arriba y licuaría aún más rápido el incremento
nominal de los salarios, azuzando el ritmo inflacionario.
Para
que el Estado cancele su propia nómina de alrededor de 3 millones de
empleados más 4 millones de adultos mayores pensionados, requerirá
33 veces más dinero del que erogaba hasta agosto pasado. Si el mismo
gobierno admitió que está en déficit fiscal (que sus egresos son
mayores a sus ingresos) no podrá pagar ese incremento con otra
herramienta que no sea la emisión de dinero sin respaldo, es decir,
dinero inflacionario. Ello será gasolina para la fogata de la
hiperinflación, esa acción amenaza con darle un ritmo inflacionario
tremendo que haría desaparecer el incremento salarial en alrededor
de 2 o 3 meses (en el mejor de los casos).
Por
si fuera poco, Maduro anunció que asumirán el diferencial de la
nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria y de
sectores privados durante 90 días. Si más del 90% de las empresas
del país son pymes (alrededor de 126.000) podemos decir que el
gobierno también pagaría directamente a más de 3 millones de
trabajadores adicionales, un enorme gasto añadido a sus 7 millones
de dependientes. ¿Más?, bueno el gobierno prometió pagar un bono
de 600 bolívares soberanos a 10 millones de personas afiliadas al
bolivariano Carné de la patria.
¿Hay
que aumentar el salario real de manera significativa? Sí. ¿Los
aumentos nominales del salario son el camino para incrementar el
salario real? No. Desde 2013 hasta junio de 2018, Maduro aumentó el
ingreso mínimo legal (salario más bono de alimentación) en
129.000%. En ese mismo período, la caída del salario real ha sido
de 86%. Es muy necesario entender que el poder adquisitivo no se
eleva por decretos ni ucases. Requiere de un sólido y sostenido
incremento en el desarrollo de las fuerzas productivas, una expansión
de la productividad y de la magnitud de la producción. Sobre esta
última base se pueden desarrollar todas las luchas obreras posibles
por ampliar la remuneración, por reducir la plusvalía arrebatada
por el capital. Sin esa base es imposible aspirar a ninguna mejora.
IV.
Lo más insólito de las medidas es que tienen un «remate» en el
cual el presidente dice que van a ir hacia un déficit fiscal cero y
que su norte es la disciplina fiscal. En tal sentido se anunció una
batería de impuestos fuertemente contractivos que chocan con su
interés de generar crecimiento económico inmediato:
-El
Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentará 4 puntos porcentuales, de
un 12% a un 16%, para los bienes suntuarios, manteniendo las
exenciones de bienes y servicios esenciales. Se aumenta el impuesto
más regresivo y desestimulante del consumo mientras se mantienen
exenciones del pago del impuesto sobre la renta (ISLR) (un impuesto
progresivo) a las grandes petroleras, desde PDVSA a las empresas
mixtas.
-El
ISLR establece el pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias
de los contribuyentes especiales. En el sector financiero asegurador
el pago será del 2%. El rango para el pago de anticipos mensuales
del ISLR será de entre 0,5% y 2%. Cargas importantes al sector
privado que aunado a los siderales aumentos impuestos a cada nómina,
dificultarán aún más la actividad productiva.
-Se
fija un impuesto a las «grandes transacciones financieras» en un
rango que va de 0% al 2% para el universo de contribuyentes
especiales, exceptuando el sector industrial necesario para dinamizar
la actividad productiva nacional.
Corolario
El
rosario de anuncios presidenciales es una increíble mezcolanza de
anhelos económicos. El gobierno busca 3 objetivos cuyas políticas
exigen gradualidad y resolver, a modo de escalera, un paso a la vez.
Los anuncios pretenden resolver todos los problemas con soluciones
intrínsecamente contradictorias. Por ejemplo, uno de los anuncios
que no comentamos busca «obligar» a que los precios no suban (luego
del aumento de 3.300 % en la nómina salarial) a fuerza de más
regulación y acción punitiva. El ideal es que la inflación en
septiembre sea 0% a pesar de haber incrementado el salario en 33
veces (como mínimo).
Es
realmente trágico que la alta burocracia crea que la economía es un
pony de circo que hace todas las piruetas y volteretas que su gentil
amo le ordena. No se entiende que la economía no «obedece» a los
designios y a la abstracta voluntad del planificador. Aún el
gobierno está a tiempo de discutir, dialogar y pulir (o eliminar)
diversas aristas del «plan» que aún se desconoce, pero que es
menester debatir y criticar.
Según
las cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unos 2,3 millones de
venezolanos han abandonado el país en los últimos años como
consecuencia de la crisis económica. Colombia, Ecuador, Perú y
Brasil son los principales destinos de acogida. La mayor parte de los
que emigraron cita la falta de alimentos como la principal razón de
su salida, con datos que señalan que 1,3 millones de personas sufren
malnutrición. Las nuevas medidas anunciadas pueden hacer que la
diáspora empeore sensiblemente. La acelerada quiebra de empresas
podría acelerarse al ritmo de la hiperinflación. No está demás
decir que la fuga de fuerza de trabajo calificada y la exportación
del llamado bono demográfico pueden dificultar enormemente la
recuperación de una senda productiva, ya que la escasez de
profesionales formados en diversas áreas es muy severa. Tristemente
en el «plan» no asoma la posibilidad de generar estrategias para
repatriarlos.
