Oscar Battaglini: Fraude electoral, abuso de poder y represión política

Estamos frente a un régimen político que se ve forzado a recurrir permanentemente al fraude electoral, al abuso de poder y a la violencia represiva para mantener el control

Oscar Battaglini

Estamos frente a un régimen político que se ve forzado a recurrir permanentemente al fraude electoral, al abuso de poder y a la violencia represiva para mantener el control

Oscar Battaglini

Es sobre la base constituida por estos tres elementos de un alto contenido delictivo, antidemocrático y reaccionario, que la camarilla encabezada por Maduro y Padrino López se mantiene en el poder. Eso es lo que hace que los venezolanos estemos siendo gobernados por una burocracia surgida de un populacho de desclasados que no sólo usurpa la dirección política del país, sino que por su misma condición social y por el resentimiento que la anima, no concibe otra forma de ejercer el poder que detenta ilegítimamente que no sea mediante la fuerza (la violencia) y la sistemática violación de las reglas constitucionales y legales. De ahí el carácter forajido (delictivo) del poder que ostenta; lo que quiere decir que opera o actúa fuera de la ley, al tiempo que no cuenta con el reconocimiento (el consenso) de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana.

Sin embargo, sus detentadores, enceguecidos con el brillo del espejismo de sus “victorias” electorales del 30 de julio y del 15 de octubre, están intentando presentar los resultados fraudulentos de esas elecciones como un hecho que les devuelve el consentimiento del pueblo y la salud política del régimen. Se trata, indudablemente, de una visión interesadamente subjetiva que no concuerda en absoluto con los hechos reales, los cuales apuntan inevitablemente en una dirección muy distinta. El hecho mismo, de que esos resultados sean el producto de un fraude electoral brutal y descarado del gobierno mediante la puesta en práctica de toda una serie de maniobras, manipulaciones, chanchullos, etc, -como es del conocimiento público- con la directa autoría de los organismos (CNE, “Plan República”, particularmente) bajo su control, y que tienen la responsabilidad de administrar y velar por el normal desarrollo y seguridad de los actos electorales, desmienten tal visión sobre la realidad política, económica y social existente en el país; realidad que, como sabemos, antes que haber disminuido el malestar y el descontento social y político que la caracterizan, ha visto incrementarse estas dos variables. Pero veamos en concreto algunos de los datos más relevantes de la grave crisis por la que en estos momentos atraviesa el país, la cual erosiona tanto la legitimidad como la gobernabilidad de la dictadura madurista.

A.-La economía

Actualmente se registran: 1- una caída del PIB de aproximadamente un 35 o un 36% en los últimos 4 años que nos coloca, según datos de la CEPAL, como el único país de América Latina con crecimiento negativo; a saber: Bolivia 4%; Costa Rica 3,9%; Guatemala 3,4%; Honduras 3,7%; Nicaragua 4,5%; Panamá 5,5%; Paraguay 4%; República Dominicana 4,9%; Perú 2,5%; Uruguay 3%; Venezuela – 8%. Cave señalar que muchos economistas venezolanos, estiman que la caída de nuestra economía es en la actualidad de un 14% del PIB. 2- Una inflación que al haber alcanzado un crecimiento entre un 40 y un 50% mensual, que tiene ya las características de una hiperinflación; 3- una reducción de más de la mitad del ingreso petrolero, producto de la caída abrupta del ingreso rentístico y de una significativa disminución de la producción petrolera (más de 500 mil barriles diarios); 4- una disminución de las importaciones en más de un 80%; 5- una grave escasez de bienes de consumo masivo, en especial, de alimentos y medicinas; 6- unos controles de precios que han venido asfixiando lo poco de la economía productiva que todavía queda; 7- una paulatina paralización de las actividades económicas, sobre todo de las actividades privadas de la economía. Esto se advierte en todos los sectores económicos; 8- una deuda externa de casi 200 mil millones de dólares, que también se ha hecho impagable y que amenaza con obligar al gobierno a declarar la cesación (default) de pagos de sus compromisos financieros con la banca internacional; etc.

B.- La situación social

No se exagera cuando se afirma que Venezuela atraviesa por una de las peores crisis sociales de toda su historia. Para hacernos una idea de la magnitud de la crisis que estamos padeciendo, sólo hace falta relacionar los pavorosos efectos que ejercen sobre las condiciones de vida de nuestra población: la hiperinflación que se ha apoderado del país; la escasez de alimentos y medicinas, el hambre de millones que se ven obligados a vivir de la caridad, a pedir limosna en las calles, a comer de la basura, a prostituirse; el desempleo creciente; la debacle de los servicios de salud pública y el exorbitante encarecimiento de los privados; la creciente deserción escolar que afecta al sistema educativo en general (alumnos, maestros y profesores) y a todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria y universitaria); la migración hacia el extranjero de más de dos millones de venezolanos, que se han marchado del país abandonándolo todo, familia, casa, trabajo, amigos, mascotas, etc; la inseguridad personal que ha crecido de manera exponencial como consecuencia de la nefasta incidencia que en lo social ejercen el hambre y la miseria con el aumento de la delincuencia; la precarización del salario; etc. En relación con este último aspecto queremos reproducir aquí, a manera comparativa, el monto del salario mínimo -calculado en dólares- de Venezuela, con otros países de América Latina: Panamá 744, Costa Rica 512, Argentina 479, Chile 430, Uruguay 425, Guatemala 380, Ecuador 375, Paraguay 340, Honduras 320, Brasil 300, Bolivia 262, Colombia 255, Perú 255, Haití 135, México 115, Venezuela 40,8, Cuba 23.



Siendo esos algunos de los elementos constitutivos más importantes de la realidad económica y social venezolana actual, los cuales han colmado de calamidades al conjunto de nuestra sociedad, caben las siguientes interrogantes: ¿Cómo se puede estar de acuerdo con que el régimen dictatorial madurista goza de buena salud? ¿Cómo se puede pensar que un pueblo que sabe perfectamente que este régimen es el único y directo responsable de todas sus calamidades, trato despótico y criminal –cosa que demostró en las elecciones parlamentarias del 6/12/15- haya decidido salir a votar en su favor en las elecciones del 30/7/17 y en las del 15/10/17? La única explicación que pueden tener esos resultados anunciados por la presidenta del CNE, es que los mismos son el producto de un sistema electoral –como ya lo hemos señalado- montado deliberadamente con propósitos y fines ventajistas y fraudulentos; es decir, para que de ahora en adelante, el resultado que arroje cualquier consulta electoral que se efectúe en el país sea sin falta favorable al gobierno. El plan definido por la camarilla en el poder para la aplicación de su política fraudulenta se cumple en tres fases en las que participan de manera coordinada la constituyente fraudulenta, el TSJ, el CNE y el “Plan República”. Veamos de manera esquemática como se cumple cada una de ellas:

Primera fase

En esta fase se desarrolla una acción en la constituyente fraudulenta, que se ha establecido como el nuevo ente convocante de las elecciones en el país; fija la fecha en las que éstas deben realizarse según lo dispuesto por Maduro (los cubanos) y los más conspicuos representantes del oficialismo. Simultáneamente el TSJ, procede a inhabilitar, a destituir, a ordenar el enjuiciamiento y encarcelamiento de los principales líderes de la oposición para así impedir su participación en las elecciones. Seguidamente el CNE pone en ejecución una serie de medidas dirigidas a entrabar y crear condiciones que desestimulen al electorado opositor y que eventualmente impidan su participación o la de algunos de sus componentes en el evento comicial. Huelga decir que todo eso se puso de manifiesto en las pasadas elecciones de gobernantes del 15/10/17.

Segunda fase

Esta es la fase que se cumple en el acto o en el proceso mismo de la votación. En esta fase se intensifican las medidas, maniobras y chanchullos dirigidos a sabotear el voto de los electores de oposición. Entre la gama de todas estas aplicaciones fraudulentas destacan: el cambio o migraciones de muchos centros de reconocida vocación opositora hacia zonas o lugares de difícil acceso y riesgosas para la seguridad personal de esos electores; la confusión creada en esta masa de electores por el adelantamiento o la postergación de las fechas; el hecho de que el CNE no haya sustituido en el tarjetón electrónico a los candidatos electos en las elecciones primarias realizadas por la oposición; la intervención intrusiva de los militares del “Plan República” en asuntos electorales que no son de su incumbencia; lo que hace que en la práctica actúen como un agente electoral en favor de los planes fraudulentos del gobierno. Todo esto se hizo en las pasadas elecciones de gobernadores y también se hará en las municipales.

Tercera fase

La pretensión de obligar a los candidatos electos de la oposición a juramentarse ante la fraudulenta, todo ello con la intensión de destituirlos si no lo hacen, tal y como acaban de hacer con el gobernador electo del estado Zulia Juan Pablo Guanipa, y aquellos que acepten hacerlo, de todas formas verán invalidadas y bloqueadas sus gestiones por la vía impositiva de un supuesto “protector”, y de confiscarle los recursos del situado constitucional, como han hecho con la AN, además de haber anulado su capacidad legislativa y contralora por medio del TSJ, y ahora mediante la constituyente fraudulenta.

Como puede verse estamos frente a un régimen político que se ve forzado a recurrir permanentemente al fraude electoral, al abuso de poder y a la violencia represiva para mantener el control omnímodo que ejerce sobre todo el aparato del Estado, y sin que le sea posible evitar el alto costo político que sus acciones le acarrean, como ocurre con la persecución y el acoso desatado contra el primer vicepresidente de la AN, diputado Freddy Guevara.

El que el régimen madurista actúe movido básicamente por esas tres determinaciones autoritarias, confirma que no dispone del consentimiento mayoritario de la sociedad venezolana; lo que a su vez, denuncia su extrema debilidad política y de que ya no tiene ninguna posibilidad de superar o de modificar a su favor esa situación.