Algunos casos se transforman en paradigma de impunidad.
Por Carolina Vásquez Araya
En Guatemala comienzan a darse muestras de un proceso trascendental destinado a enderezar entuertos jurídicos. En la medida que pasan los meses y se descubre el nivel de impunidad bajo cuyo manto se han protegido desde delincuentes de poca monta hasta asesinos a gran escala, en la ciudadanía crece la esperanza por el establecimiento del muy ansiado estado de Derecho.
Tal
aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto
desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta
de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y
otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país
cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre
todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.
La
población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y
empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de
interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel
jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para
darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los
individuos más poderosos del país.
Sin
embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala
existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable
permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la
fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el
tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver
otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y
desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente
golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.
Lo
que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes
involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria
profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas
investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de
haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos
entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico,
haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.
Treinta
han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de
Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años
transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de
ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz
Ofelia De León, madre de Barreda –uno de ellos para separar a la
Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo-; 6 por el
sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del
tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al
proceso.
Mientras
la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen
deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público,
con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de
querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la
impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparicion de
Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos,
en donde el asesino –y quien lo asistiera en ese proceso- pudo
haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.
Estas
son las incongruencias de un sistema de administración de justicia
aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del
encubrimiento entre pares –lo cual también sucede en otras
disciplinas- constituye un obstáculo y se podría catalogar como un
acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La
reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una
necesidad vital para Guatemala.
elquintopatio@gmail.com
Publicación Barómetro 18-07-16
