Por Salvador González Briceño: Colombia, acuerdo digno; falta la justicia
Enviado por Barometro
Internacional el jueves, 01 octubre, 2015 a las 1:20
*Se busca el máximo de justicia posible
para las víctimas
*Puede ocurrir como los Acuerdos de San
Andrés Larrainzar
*O el proceso es transparente y todos
ganan, o todos pierden
No
es el fin de las negociaciones. Es el principio del fin. Como el
amarre. Las partes le llamaron “Acuerdo sobre Justicia
Transicional”. Se trata de una cima del proceso de negociaciones
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollan en Cuba como
testigo ético, justo y mediador. Voluntad política de las partes,
es lo que parece a simple vista.
El
mismo Santos dijo este 23 de septiembre: “Hemos logrado una acuerdo
sobre las bases de la justicia”; es decir, “buscar el máximo de
justicia posible para las víctimas y la máxima satisfacción de sus
derechos… (así como) garantizar que los crímenes más graves
cometidos en ocasión del conflicto no quedarán en la impunidad”.
Es el llamado proceso de paz en Colombia, entre el gobierno en
representación del Estado y la guerrilla de las FARC.
El
objetivo marcado para esta última fase, que iniciara formalmente el
18 de octubre de 2012 (en Oslo primero y un mes después en Cuba), ha
sido “la búsqueda de la paz con justicia social por medio del
diálogo”, según el dirigente y negociador Iván Márquez. Para
“que no se repitan los errores del pasado”, diría el presidente
Santos. El reciente, un logro tras otros intentos fallidos, como el
de 2002 en el Caguán, país de origen.
Difíciles,
duras, complejas como los cinco puntos de la agenda. Proceso
complicado, como los temas sobre los cuales un conflicto de más de
50 años viene arrastrando sus pendientes. Temas como la política de
desarrollo rural, el abandono de las armas, la incorporación de los
miembros de la guerrilla en la política, más un posible
replanteamiento de la lucha contra las drogas que desde 2007 vía el
Plan Colombia viene comandando Estados Unidos de América, con la
finalidad de “erradicar el problema” empleando la violencia que
—por cierto— no arroja resultados.
El
diálogo se ordenó mediante un “Acuerdo General para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera”, en tres facetas: a) de acercamientos y exploratoria; b)
concreción de acuerdos sobre los temas base; c) reparación a las
víctimas, desde ambos lados, guerrilla y gobierno. De ahí
partieron. Cada uno con sus planteamientos, preocupaciones y
exigencias. Un diálogo con disparidades, ataques armados, ceses del
fuego y bajas de ambos frentes durante el proceso. Negociando, pero
en pie de guerra. Con acusaciones y reclamos, pero con la voluntad de
continuar.
Por
una paz no solo posible sino necesaria. El “acuerdo sobre justicia
transicional” es cumbre; sin embargo faltan los puntos difíciles
de proceso. Pero con la voluntad de las partes de “llegar a un
acuerdo final en un máximo de seis meses”. Paz con justicia, es
deseable para los colombianos, del campo principalmente porque ha
sido el terreno de las disputas. ¿Cuántas familias han padecido el
conflicto por generaciones?
No
obstante un grupo (mejor dicho dos, porque también está el Frente
de Liberación Nacional, ELN, la otra guerrilla; que por cierto ha
estado al tanto de las negociaciones, en parte informados por las
FARC) que ha sostenido siempre sus principios de lucha, por ser de la
vieja guardia revolucionaria. Justificables o no, lo mismo que el
método. Un tema para otra ocasión.
Entre
las complicaciones está la amnistía. Por ejemplo, el acuerdo dicta
que “no serán objeto de amnistía los delitos de lesa humanidad,
el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes, la
privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento
forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual”,
etcétera.
Pero
se creará la “Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición”. Y la “Jurisdicción Especial
para la Paz”, con salas de justicia y tribunales para la tan
anhelada pacificación, poner fin a la impunidad y “obtener verdad,
contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer
sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante
el conflicto”. Ahí están, con Raúl Castro entre los dos: el
presidente Juan Manuel Saltos y el líder de las FARC, Rodrigo
Londoño Echeverri, Timochenko, saludando para las placas de la
historia. Avance en los acuerdos, resta la justicia. Mas, el que esté
libre de pecado que tire la primera piedra.
Elemental.
Pero lo que sigue es importante, tanto para las partes como para lo
que se busca: la justicia social. Se dirá si no.
1°
Como se ve hasta aquí, lo “transicional” —del llamado “Acuerdo
sobre Justicia Transicional”— es el acuerdo más no la justicia.
Para comenzar, porque la justicia, en el amplio sentido del término,
no llega por decreto. Es decir, las partes deberán establecer los
mecanismos para el cumplimiento de lo que firmen, pues sin las
garantías digamos institucionales, podrá no haber continuidad y
hasta incumplimiento.
Dicho
sea con conocimiento de causa. Las cosas podrán quedarse en el
papel, gobierne quien gobierne, como le ocurrió en su momento al
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas,
México, tras la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés
Larrainzar sobre los derechos de la cultura indígena que fueron
suscritos en 1996 entre representantes del movimiento indígena y el
gobierno, pero nunca llegaron hasta la Constitución. Luego serían
desconocidos por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
(1995-2000).
El
cumplimiento de los acuerdos podrá diluirse con el tiempo. O bien
quedarán a la espera de quienes gobiernen —no digamos el poder;
que este es el auténtico peligro—, o de la disponibilidad de
aquellos que asuman las directrices del Estado. Con sus bemoles. Pues
a estas alturas del partido no hay Estado, sobre todo que comulgue
con las políticas neoliberales dirigidas desde Washington, que tenga
los recursos suficientes para corregir el rumbo, por el propio
desgaste que ha padecido conduciendo a los pueblos al desastre
económico, político y marcadamente social.
2°
Si lo anterior no queda claramente establecido el Estado le fallará
primordialmente a la población, con Santos o cuando él no esté.
Léase que hasta ahora las FARC han representado tanto para los
sucesivos gobiernos colombianos como para los Estados Unidos de
América, una suerte de estaca enclavada en el corazón de la zona
donde se cultiva la coca.
Es
el territorio controlado por la guerrilla hasta ahora que, se
presume, quedará libre. ¿O cuál será el estatus? ¿Al deponer
armas las FARC qué pasará? ¿A merced de quién quedarán los
territorios? ¿El área será liberalizada, es decir privatizada? ¿O
se repartirá a las comunidades a quienes se les ha arrebatado la
tierra, su vida y su tranquilidad? ¿Qué con la siembra de la coca?
De la respuesta a estas y otras preguntas dependerá el futuro del
saldo de los diálogos de paz. Así como de la anhelada justicia.
Pero
un territorio libre de grupos armados pueden complicarse todavía más
las cosas para el país, por lo siguiente: o el negocio de las drogas
crece con la inclusión soterrada de particulares colombianos; u
organismos como la DEA llegarán pronto con la promesa de acabar con
el negocio de la coca. O, insisto, ¿qué pasará con el negocio de
la droga? Su existencia misma es buen pretexto para la geopolítica
regional de Washington.
Valga
la siguiente advertencia: bajo la promesa del gobierno de Juan Manuel
Santos de cumplir al máximo posible con la “justicia para las
víctimas”, puede encubrirse la otra parte del acuerdo: el juzgar a
quienes están dando la cara para “garantizar la no impunidad”
por los crímenes cometidos, pero al mismo tiempo dejar libre el
camino deteniendo, juzgando y anulando así a los principales
dirigentes de la guerrilla. Precisamente para incumplir lo prometido.
Para eso valen los candados ya señalados.
Claro
está que los delitos de lesa humanidad deberán castigarse, pero
siempre en igualdad de circunstancias; ni a unos más que a otros.
Así que, o el proceso es transparente y ganan todos —principalmente
el pueblo—, o todos pierden. El futuro está al alcance de la
vista.
*Correo:
sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @sal_briceo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario