Por Salvador González Briceño: TLATELOLCO VS AYOTZINAPA
Enviado por Barometro
Internacional el miércoles, 04 noviembre, 2015 a las 19:48
Etiquetas: Mexico
Icaza
Emilio
bi
barómetro
Ayotzinapa
CIDH
Tlatelolco
Álvarez
22
mil desapariciones
*El 2 de octubre siempre es: “a la
memoria de los caídos”
*Impunidad, la constante del sistema
político mexicano
*Los estudiantes de Iguala venían a
conmemorar al DF
“Sueños de libertad” Vientos de 1968 Movimiento estudiantil El mundo cambió de entonces Revirar la impunidadPresión por la Libertad. (Extracto: 10-14/octubre/2008).
La
tapadera es doble. No de ahora aparte corroída, del sistema político
mexicano. La impunidad es la constante. Tlatelolco, plaza de las Tres
Culturas, el saldo criminal de 1968, el asesinato de estudiantes
oleada mundial libertaria y democratizadora a fuego cruzado.
Ayotzinapa, de 2014, es la desaparición en Iguala de los estudiantes
de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Guerrero, México.
Sospechas, todas. El calificativo es “crimen de Estado”.
¿Implicados? El sistema.
Antes:
el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y el titular de gobernación Luis
Echeverría Álvarez, así como el Ejército, estaban la “policía
secreta” o “guardias blancas” y los grupos del “guante
blanco” de la DFS (Dirección Federal de Seguridad), la policía
del DDF (Departamento del Distrito Federal), los “granaderos” se
inauguraban; y la “brigada blanca” (conformada por “ladrones,
exmilitares y militares”) que creó Francisco Quiroz Hermosillo, a
cuyas órdenes estuvo Miguel Sánchez Ordoñez, El Doc, por
encomienda del Secretario de Sedena, Marcelino García Barragán.
Ahora,
por Ayotzinapa: las policías municipal, estatal y federal, el
Ejército, los cuerpos de seguridad del presidente municipal José
Luis Abarca; ¡y los Guerreros Unidos!, el cartel que controla el
negocio de la heroína en el estado de Guerrero, para el
abastecimiento del mercado estadounidense. ¿La DEA está implicada?
De
Tlatelolco y el halconazo, de 1971, sigue pendiente el gran juicio: a
Echeverría y a los generales implicados, así estén muertos ya,
como García Barragán, Manuel Díaz Escobar y Humberto Bermúdez
Dávila. Sin olvidar a los implicados del DDF: a Alfonso Corona del
Rosal, Alfonso Martínez Domínguez, Manuel Díaz Escobar, Humberto
Dávila, Eliud Ángel Casiano Bello, Luis Gutiérrez Oropeza, ¿y los
halcones?, entre otros.
De
Ayotzinapa siguen las líneas de investigación sobre el tema del “5°
autobús”. Los militares, las autoridades, ¿y los narcos? El caso
es que el gobierno de Enrique Peña Nieto no aclara nada todavía; la
versión de PGR vs CIDH (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos). Las concepciones son encontradas. En tanto al sistema
político se le acumulan los pendientes. Impunidad que nadie olvida:
los 43 se ha vuelto consigna popular, y mundial. La violación de los
derechos humanos está detrás.
La
versión de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes) es contraria a la “oficial” que dio a conocer
rápidamente la PGR en voz del entontes titular Jesús Murillo Karam.
Eso ha confrontado todavía más a la sociedad con el gobierno. No
únicamente a los padres de los desaparecidos, como a todos los
jóvenes encabezados por muchos exlíderes del 68 que se movilizaron
este 2 de octubre 2015 para recordar que la sociedad “no olvida”,
al igual que los 43 cuando hace un año se preparaban para llegar a
Tlatelolco, en el DF.
Los
pendientes para el Estado se acumulan. La impunidad campea en el
sistema político tan descompuesto como la corrupción que le corroe.
Las violaciones a los derechos humanos no paran. Se manifiestan,
diría el presidente de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, “en las
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de
autoridad, torturas como método de investigación, la tensión entre
el combate a la delincuencia y la promoción del derecho, la
violación de los derechos de los migrantes, trata de personas e
impunidad de los ataques a periodistas”.
Desde
que el clima de violencia se ha instalado en el país, entrado el
nuevo siglo año 2000 con la llegada de la “alternancia en el
poder” hasta la fecha, en la justicia campea la opacidad. Las
estructuras de justicia en el país no se reforman, se deforman; es
el caso de la procuración e impartición de justicia. La ausencia de
aplicación de las leyes alimenta “cifras” como las 22 mil
desapariciones en el país ¡desde 2012!, para las 300 averiguaciones
que hay abiertas nada más, como reconoce la PGR. Cifras. Los datos
de periodistas se acumulan. No importa lo que mandata la
Constitución.
¿Hacia
dónde va el sistema político mexicano?: hacia su descomposición.
Los gobiernos no proponen salidas. Por ello a la sociedad es a quien
le corresponde tomar las riendas. Por eso las protestas. De lo
contrario, ¿cuándo se juzgará a los implicados en las matanzas del
68, o se dará respuesta a las demandas de los desaparecidos en
Iguala? El 2 de octubre sigue presente, en tanto la historia no
ajuste la memoria popular. Lo sucedido los días 26 y 27 de
septiembre 2014, que se desconoce todavía, acumula los agravios en
la gente. Por eso las protestas no paran.
El
sistema político no sabe qué hacer con sus pendientes. De antaño
el PRI siempre acomodó las cosas a su manera, no para resolverlas
sino para taparlas. La impunidad es doble, decíamos, porque a
Tlatelolco se acumula Ayotzinapa, ¡y tantas ofensas más! Si el
anterior era un gobierno autoritario, ¿el actual es democrático? En
dónde queda el respetuoso por los derechos humanos. A este gobierno
se le acumulan miles de preguntas, y las respuestas que no llegan. A
cambio acelera la carrera presidencial 2018.
A
falta de respuestas, aumento de preguntas. Por eso no falta quien
califique a “Tlatelolco y Ayotzinapa (como) parte de la misma
historia” (Sergio Aguayo en su libro De Tlatelolco a Ayotzinapa.
Las violencias del Estado). Historia de impunidades. Porque “el
Estado es el principal responsable de las perversiones que ha vivido
su monopolio legítimo de la violencia”, dice en la página 17.
Como justificaría Max Weber, en su definición de Estado, que se
trata de una organización respaldada por el denominado monopolio de
la violencia “legítima” (¡sic!). ¿Y si el Estado no es
legítimo, por qué ejerce la violencia?
Por
lo mismo, “el Estado (mexicano) es el principal responsable de las
perversiones que ha vivido el monopolio legítimo de la violencia”,
dice Aguayo (p. 143). “Los presidentes mexicanos han fallado desde
el 68 porque no se han preocupado por entender la lógica del crimen
organizado, por la indolencia con la cual lo han tratado (siempre
reactivos, rara vez proactivos) y por su indiferencia al costo
humano”. Por eso Ayotzinapa. Porque el crimen organizado ha sido el
principal beneficiario, y “demostró haber alcanzado algunos de los
atributos de un estado paralelo” (Idem.).
En
cambio, diremos que Tlatelolco y Ayotzinapa no están unidos por la
lógica de “no entender” al crimen organizado, sino por la
impunidad del sistema político mexicano.
*Correo:
sgonzalez@reportemexico.com.mx
Twitter:
@sal_briceo.