Domingo,
3 de junio de 2012
Luis Britto Garcìa
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El problema de la ecología no es
sólo ecológico. Si algo nos enseña la Teoría General de los Sistemas, es que
todos los elementos de un sistema interactúan entre sí. La ecología no es un
mero problema de gases, fluidos y especies: es un problema de la acción
coercitiva de los cuerpos políticos sobre el medio humano que a su vez opera
sobre el medio ambiente. No hay mejora ecológica sin mejora política.
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La acción humana sobre la Ecología
parece regida hasta el presente por una lógica matemática que es a la vez
paradigma cultural, el de la Teoría de los Juegos. Una variante de ésta se
ocupa de los llamados Juegos Suma Cero, en los cuales la ganancia de una parte
se hace a costa de la pérdida de las otras, sistematizados por Oskar
Morgenstein y John von Neuman en 1944 en su libro The Theory of Games and Economic
Behavior (Heims, Steve J.: J. von Neuman y
N. Wiener (1 y 2); Salvat Editores, Barcelona 1986). En el modelo matemático
del capitalismo, una de las tres fuerzas productivas, el Capital, se alimenta
de la explotación y el desgaste de las restantes: la Naturaleza y el Trabajo, y
desplaza hacia éstas todas las consecuencias nefastas del proceso productivo.
El capital de las grandes potencias logra tales objetivos en estrecha
complicidad con el Estado, al tiempo que pretende que los Estados de los países
periféricos se abstengan de toda intervención económica.
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Así, el gran capital, mientras se
coliga con el poder público del Estado, intenta desplazar la gestión de las
restantes fuerzas de producción hacia la esfera de lo privado. Por ello
pretende que la defensa del Trabajo esté esencialmente en manos de asociaciones
privadas, como los sindicatos; y postula que la gestión de la Naturaleza debe
depender también esencialmente de entes privados: las grandes empresas
transnacionales, las minorías étnicas, y las Organizaciones No Gubernamentales
Ecológicas, con gran frecuencia financiadas por las primeras. La llamada Green
Economy, a pesar de algunas de sus postulaciones sensatas, predica que la
naturaleza debe ser sometida al juego de un mercado que a su vez está dominado
por el gran Capital. Como bien denuncia el “Grupo de articulación internacional
de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental” en su manifiesto
de 12 de mayo de 2012 en Río de Janeiro: “El fallido modelo económico, ahora
disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza
a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y
mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los
conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos
a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones
por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por
deforestación evitada y degradación de bosques)”.
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Examinemos el comportamiento de esta
alianza entre Capital y Estado en el primer actor ecológico del mundo. Estados
Unidos cuenta no más del 4% de la población mundial, devora 25% de la energía
fósil del planeta y es el mayor emisor de gases contaminantes. El Project New American Century postula que dicho país debe aprovechar sus ventajas
acumuladas para continuar siendo la potencia hegemónica del siglo XXI, para lo
cual debe seguir un plan de incremento de su poderío militar a fin de no
comprometer el nivel de vida de su población (http://www. Newamericancentury).
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos postula el uso
sistemático de la fuerza incluso en ataques “preventivos”, con o sin el apoyo
de la comunidad internacional (Bush, George: “The National Security Strategy of
the United States of America”, Washington, 17-9- 2002,
www.whitehouse.gov/nsc//.html). No por casualidad la potencia norteña gasta por
sí sola en armamentos más que el conjunto de los otros países. Paralelamente,
el Plan
de Guerra de Bill Clinton proponía con
respecto a América Latina una reconquista política, militar y económica
mediante el ALCA, especie de Tratado de Libre Comercio continental que
pretendía prohibir medidas proteccionistas del ambiente, y la apropiación de la
Amazonia (Dieterich, Heinz: La integración militar del Bloque de Poder
Latinoamericano, Instituto Municipal de Publicaciones, Caracas 2004, 49). En
orden ejecutiva de 16 de marzo de 2012, el presidente Barack Obama declara
materias atinentes a la seguridad nacional lo relativo a la energía, los
recursos hídricos, los alimentos, la producción agrícola, el trabajo y todo tipo
de tecnologías y suministros, incluidos materiales de construcción; y se
atribuye competencias y facultades para mantener la provisión adecuada de ellos
para los requerimientos de la Defensa Nacional (www.whitehouse.gov/nsc//.html).
La mayor potencia militar del mundo pretende asegurarse la ilimitada
disposición de la Naturaleza del planeta mediante el poder estatal y la
agresión ilimitada.
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A partir de estas premisas, se
entiende que conductas como la negativa conjunta de Estados Unidos y Canadá a
suscribir el protocolo de Kyoto no son decisiones ecológicas, sino políticas. A
ambos Estados les importa un comino que el mundo se ahogue en gases de
invernadero, mientras sus ciudadanos puedan disfrutar de una sociedad de
consumo fundada en el derroche de combustible en automóviles individuales.
Igual política anima a las demás potencias que suscriben el Protocolo, pero
limitan la reducción de sus emisiones mediante “acuerdos de flexibilización”.
Si los principales contaminadores del mundo se niegan a reducir sus emisiones,
¿quién deberá hacerlo? Se impone tal obligación a los países emergentes, a fin
de que sus economías no puedan competir con las hegemónicas.
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Para desplazar la responsabilidad
por la pureza de la atmósfera a los países que menos la contaminan, los 190
países reunidos a fin de 2008 en la conferencia sobre el clima en Poznan
prometen la creación de un “cofre dorado” de créditos de carbono, para que
comunidades rurales pobres reciban subsidios como guardianas de tierras y
bosques. En dicha conferencia se acordó asimismo un esquema de pagos por la
preservación de bosques, llamado Iniciativa de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación (REDD, en inglés). Según él, los países más ricos
se comprometerían a compensar la contaminación ambiental que generan, pagando
por mantener y reforestar selvas tropicales. En dicho fondo se incluyen catorce
naciones, cinco de ellas de América Latina: Bolivia, Costa Rica, Guyana, México
y Panamá (Kaldrmakis, de Posmas, Sofía: “Mercadeando el carbono”, Panorama de las Américas, Panamá, febrero 2009, 130). Dichos aportes, obviamente, no
se entregan sin condiciones: éstas pueden comprender restricciones para el uso
por cada país de sus bosques tropicales, o derechos sobre la biodiversidad, los
cauces hídricos y otros bienes naturales. Además, harían depender la
preservación de los bosques de la eventual fijación de un “precio internacional
por las emisiones de carbono”, todavía no acordado, sujeto a fluctuaciones
mercantiles y a complejas mediciones. Obsérvese por otra parte que los créditos
aparentemente serían otorgados a “comunidades rurales pobres” y no a los
Estados que representan la totalidad del país: la responsabilidad por la
preservación de los recursos naturales se desplazaría así, no a los Estados del
Tercer Mundo, sino a grupos sociales específicos dentro de ellos. Sería
preferible que los países que poseen bosques tropicales gerenciaran por sí
mismos sus propias políticas de conservación. La protección de los bosques como
compensación por las emisiones de gases de efecto invernadero es, por otra
parte, una cuestión compleja, que involucra infinidad de aspectos biológicos,
sociales, económicos, políticos y culturales, y que no debería depender de un
mero sistema de mercado (www.carbonfinance.org). El presidente de Ecuador
Rafael Correa rechazó en 2010 un acuerdo de tal naturaleza, por considerar que
sus cláusulas eran deprimentes y contrarias a la soberanía de su país.
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El agua es vida: privatizarla es
privatizar la existencia. El Capital avanza una campaña mundial por la
apropiación de las aguas y de los servicios de acueductos. Algunas
organizaciones no gubernamentales han librado gloriosas batallas por preservar
el derecho humano al vital líquido, tales como la Guerra del Agua de Cochabamba.
Pero quienes en definitiva han recuperado el control de aguas y acueductos en
Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y otros países han sido los Estados, al
prohibir la privatización de las fuentes de dicho líquido y renacionalizar
acueductos.
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El capital se concentra en un número
cada vez menor de manos: los alimentos también. Una docena de transnacionales y
36 filiales interconectadas dominan su producción y mercadeo mundial. Integran
el cartel Anglo-Holandés-Suizo: doce de ellas están asociadas al cartel de
Windsor, de la casa reinante inglesa; las demás en su mayoría están vinculadas
a otras cinco casas reales. Apenas dos, Continental y Cargill, controlan más de
la mitad de la producción de granos global. Este colosal oligopolio domina el
95% de la producción alimenticia de Estados Unidos, Europa, los países del
Commonwealth y Latinoamérica, especialmente Argentina y Brasil, y de sus
cosechas dependen cinco mil millones de personas. En el resto del mundo ha
deprimido la producción de alimentos incoando la eliminación de políticas
proteccionistas y subsidios, la suspensión de financiamientos y grandes
proyectos agrícolas, el dumping y el dominio sobre semillas y fertilizantes
(Jerónimo Guerra: “La escasez y el desabastecimiento como armas de destrucción
masiva”; Rebelión, 24-02-2008). Este sistema presupone el monocultivo, que a
su vez impone el latifundio, la expulsión masiva de campesinos y la producción
de alimentos para la exportación y la especulación, y no para satisfacer las
necesidades de la población del país donde se produce. También trae consigo el
cultivo de especies genéticamente alteradas y estériles, y a veces desvía los
vegetales del consumo humano para destinarlos a la producción de
biocombustibles y de alimentos para el ganado. Este modelo elimina la
diversidad biológica, destruye la base social y en fin agota la tierra. Lo han
hecho posible las enormes presiones políticas y financieras sobre los Estados
débiles que no aplican su soberanía para la eliminación del latifundio ni para
la protección de la agricultura local y de sus ciudadanos. Movimientos como el
de los Sin Tierra de Brasil avanzan luchas cotidianas contra estos procesos;
pero sin apoyo del Estado difícilmente lograrán la victoria. Sin medidas
políticas de restricción del poderío de las transnacionales y de protección de
las agriculturas locales y de los campesinos no habrá cambios en esta
situación. Sin mejora en la política de la propiedad de la tierra no hay
mejoría en el problema del hambre.
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Los ejemplos podrían multiplicarse
al infinito. En general, los poderes económicos y políticos de los países
hegemónicos propulsan un modelo de gestión que exige: 1) Privatización de la
naturaleza 2) Privatización de los recursos, incluidos los del subsuelo 3)
Transferencia del poder de decisión de los Estados periféricos sobre sus
recursos hacia transnacionales, organizaciones no gubernamentales o minorías
étnicas 4) Apropiación monopólica de la tierra cultivable 5) Control sobre la
reproducción de la vida a través de semillas y organismos genéticamente
modificados, clonación y el registro de patentes sobre seres vivientes 6) Freno
del desarrollo en los países emergentes y periféricos, en aras del ilimitado
consumo de recursos por los países hegemónicos 7) Desplazamiento o tercerización
de los efectos nocivos de la contaminación de los países hegemónicos hacia las
periferias. 8) Derecho al uso ilimitado de la fuerza por los imperios para
defender sus pretensiones sobre la Naturaleza 9) Maquillaje de todas estas
acciones como políticas de defensa de las víctimas y del planeta. Nunca fue más
repulsivo el retrato de Dorian Grey que cuando añadió la hipocresía a sus demás
perversiones. Ninguna de estas fatales iniciativas puede ser revertida sin
acciones políticas. No habrá revolución ecológica sin Revolución.
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Según señalamos, la lógica de estas
operaciones destructivas corresponde a la estrategia de los llamados juegos
Suma Cero, en los cuales la ganancia de uno equivale a la pérdida de otro. Su
lógica ha permeado toda la cultura, desde la simplificación del evolucionismo
al darwinismo social y a la idolatría del libre mercado como supuesta sede de
la libre competencia, y a la prédica postmoderna de la muerte de la Ética, de
la Política y de la Historia. La conciencia de la finitud del mundo debe
llevarnos a aplicar los juegos cooperativos, examinados por John Forbes Nash en
1951 en su artículo "Non-Cooperative Games" (The Annals of Mathematics 54(2):286-295). Si la perpetuación de un juego suma cero
lleva al estancamiento o la destrucción mutua, los competidores pueden mejorar
su estrategia haciéndolo cooperativo. De hecho, la Sociobiología demuestra que
la vida, lejos de ser sólo un juego suma cero de competencia y mutua
destrucción, es también un conjunto de juegos cooperativos, que rigen la
agregación de células en los seres complejos, la reproducción y el apoyo mutuo
en los animales sociales (Wilson, Edward O.: Sociobiology, the new synthesis; The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard,
1976). De los juegos cooperativos nacen las sociedades humanas y la
civilización. Pero un paradigma cultural no se impone por el mero hecho de ser
expuesto. Para implantarlo se requiere una acción social que impulse una
decisión política. Las fuerzas de la vida, que componen la Naturaleza y el
Trabajo, deben imponerse a la abstracción muerta y la lógica mortífera del
Capital. Sin Revolución en la vida no se detendrá la muerte.
