Por Azalea
Robles
“Alida
Arzuaga, de 9 años, fue víctima de desaparición forzada, tortura y
homicidio. Según
testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y
posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de
la menor, quien se encontraba preso(…) Estos hechos permiten
evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en
Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren
también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y
oficiales contra sus familiares.” Equipo
Jurídico Pueblos
“A
nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los
paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus
extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el
estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios
como se les taja a los pescados… según medicina legal lo
torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano,
tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían
que cobrarlo con su vida?”
Marinelly
Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La
existencia de 9.500 presos políticos[1] pone de manifiesto la
falta de libertades políticas en Colombia. La extrema intolerancia
estatal contra toda reivindicación social garantiza una situación
de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es
causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria
de las mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política
civil, que parte importante de ésta elije la oposición política
insurgente. Uno de
los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la insurgencia de
las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa falta
de libertades políticas en Colombia. La
liberación de los presos políticos sería un gesto concreto hacia
la paz por parte del gobierno colombiano; lamentablemente
el gobierno no se lo plantea, y por el contrario incrementa las
detenciones políticas a la par que incrementa la entrega del
territorio a las multinacionales. Las organizaciones sociales
denuncian: “Las
regiones del país donde existe mayor concentración de recursos
naturales, procesos organizativos e intereses económicos
trasnacionales; coinciden con aquellas en las que se usa con más
frecuencia la detención arbitraria (…)Existe una directriz de
Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se
manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en
su política criminal que abiertamente da una repuesta represiva o
punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia
criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y
amilanar la protesta social” [2].
La
violación de los derechos de participación política afecta no
solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o
encarcelado, sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el
pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores
históricos de la emancipación. Se trata de inyectar miedo a elevar
una reivindicación: a quienes reivindiquen se los ‘castiga’.
En esa lógica estatal de dominación
mediante el miedo se
inscribe la tortura: la impunidad
que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de
herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la
tortura, que conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta
la desaparición forzada y homicidio contra los familiares de los
presos políticos. La importancia de visibilizar estos crímenes de
Estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como un
mecanismo de terror contra la reivindicación social.
La situación en las
cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen
niveles de hacinamiento del 47% [3], viven en condiciones de
insalubridad extremas, sufren la violación a los subrogados penales,
no son clasificados en clara violación al DIH por parte del estado
-siendo incluso situados los presos políticos en patios
paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus vidas-.
Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo;
sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el
chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de
falsos testigos contra otros luchadores sociales en los juicios
políticos que implementa el estado colombiano contra periodistas,
sindicalistas, líderes campesinos, estudiantiles, etc. Miles de
personas están sindicadas y presas sin juicio, en lo que es
calificado como ‘secuestro
estatal’[4]. El uso del aparato
judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en
terror omnipresente: “El Estado
colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones
injustas”[5]. Además, son numerosos
los presos políticos muriendo por tortura de negación de asistencia
médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la
falta de tratamiento, y otros son heridos de guerra que son
abandonados a la gangrena[6]. Las
organizaciones de DDHH llaman: “Al
estado colombiano que cesen
las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos
mediante la omisión de diagnósticos y atención médica
oportuna. Solicitamos que la Liberación de las y los
Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de
diálogos entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP”[7].
En diciembre 2012, ante la
continuidad de la hecatombe, los presos se preguntan:
“¿Cuántos
muertos más tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados
y recibir solución a tan dramática situación?
¿Quién
investiga y hace justicia con la familia de más de 118
muertos en lo que va transcurrido en el presente año en las cárceles
del
país? (…) Exigimos investigación sobre la muerte de nuestro
compañero Mauricio Fernández García miembro del Movimiento
Nacional Carcelario (MNC) el 7 de diciembre por la absoluta
inasistencia medica (…) una de las prácticas aplicadas
sistemáticamente(…) Hemos solicitado al gobierno que decrete la
emergencia carcelaria y que se conforme una comisión de concertación
Gobierno-MNC, para buscar soluciones concretas a la crisis
humanitaria por la cual estamos pasando los mas de 140.000 presos que
hay en Colombia” [8].
2.
Torturas,
desaparición y asesinato de familiares de presos políticos
Los familiares de
los opositores políticos son también víctimas de la tortura. Los
casos son recurrentes y quedan en la impunidad. El terror de estado
contra familiares y comunidades se expresa en las masacres
perpetradas por toda la geografía colombiana por la herramienta
paramilitar en coordinación con la fuerza pública; masacres en las
que los desmembramientos, las violaciones sexuales y otras barbaries
buscan dejar impreso el miedo en lo más hondo de los sobrevivientes,
para así generar parálisis de la reivindicación social y masivos
desplazamientos poblacionales. De esta forma son despojados los
campesinos de las tierras codiciadas por el capital multinacional: el
desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya los 5,5 millones de
personas, haciendo de Colombia el país del mundo con más
desplazados internos [9].
Las víctimas
preferenciales en las masacres son los opositores políticos y sus
familiares. Innumerables torturas forman parte de las vivencias
colectivas, testimonios de una dominación mediante la barbarie,
como la castración y asesinato del niño Luis Carlos Julián Vélez,
de 8 años, hijo del entonces diputado del partido opositor Unión
Patriótica, partido que sufrió exterminio por parte del estado
colombiano, siendo asesinados 5000 de sus militantes[10].
Los hijos y padres
de los opositores políticos son una población duramente golpeada; y
cuando éstos son familiares de insurgentes sufren, aunado al terror
estatal, el ostracismo mediático: “A
nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los
paramilitares, lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en
sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le
chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después
arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último,
le dieron un tiro… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo
es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero?
Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su
vida?”, testimonia
Marinelly Hernández, presa política y de guerra [11].
La tortura contra
los familiares de presos políticos se expresa en el alejamiento
geográfico, en impedimentos de las visitas, en humillaciones:
“Nuestros familiares tienen que sufrir
un calvario para visitarnos, son humillados, maltratados(…) las
mujeres tienen que soportar el infamante manoseo en sus partes
intimas por parte de las guardianas de forma abusiva”[12].
Aunado a lo anterior hay varios
casos de agresiones, desaparición forzada y asesinatos de familiares
de presos políticos a manos de la herramienta paramilitar y la
fuerza pública: las agresiones y crímenes de estado contra los
familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje contra
los presos políticos, si éstos no acceden a convertirse
en informantes, o para callar las denuncias. El preso político
Carlos Iván Peña Orjuela fue sometido a presión por parte la
policía (SIJIN) para que diera falso testimonio contra campesinos
del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes
judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor,
luego procedió a encarcelar, bajo montaje judicial, a la familiar
que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al
niño[13]. “Fue presionado para que
‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’
(…)el agente de la SIJIN Celis Torres profirió amenazas de
montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente
a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’
el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos
testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano”,
denuncia el CSPP [Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a
mayores crímenes:
“la
desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido
político(…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar que
tenía a cargo la custodia del hijo del detenido político, de seis
años. (…) el detenido político procedió a llamar al celular de
María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis
Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su
negativa a ‘colaborar’ seguirían(…) En palabras textuales: ‘Yo
le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y la
fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla, y por ahí
le tengo otros paqueticos’. El detenido político manifiesta que su
hermano asesinado y la señora María Yolanda eran las únicas
personas que lo visitaban y ahora teme por la vida de su
hijo”[Ibíd.].
El CSPP denuncia las “actuaciones
ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para
generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las
políticas que han traído como resultado las ejecuciones
extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la
judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las
famosas ‘capturas masivas’” [Ibíd.].
Otro caso que
evidencia los niveles de tortura aberrantes que sufren los presos
políticos y sus familiares es el caso de la niña Alida Teresa
Arzuaga, que por ser hija de un preso político, fue violada y
asesinada. En febrero 2012 la familia recibió otro golpe, al ser
dejado en libertad uno de los presuntos perpetradores, sin siquiera
ser juzgado. La impunidad cubre los crímenes de Estado. Denuncia el
Equipo Jurídico Pueblos:
“El
9 de junio 2005, Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan solo nueve años,
fue víctima de los delitos de desaparición
forzada, tortura y homicidio,
perpetrados por parte de reconocidos paramilitares en Santander. Fue
encontrada sin vida en una cañada, su cuerpo registraba signos de
tortura, siendo accedida sexualmente antes de su muerte.
Según
testimonios rendidos por paramilitares dentro del proceso penal, el
atroz crimen
fue cometido en 'retaliación' por parte de los paramilitares y
posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de
la menor,
quien en ese momento se encontraba preso en la cárcel Modelo,
señalado de pertenecer al ELN.
El
17 de septiembre 2010, el Juzgado(…) profirió sentencia
condenatoria contra Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’,
jefe paramilitar. Además
ordenó que se investigue la posible participación en los hechos de
John Fredy Quitian González, alias ‘Jorge’, jefe paramilitar,
que si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el año
2004, continuaba siendo protegido
por la policía y el ejército
en Santander. El
24 de febrero 2012, en Bogotá, fue capturado Quitian González,
procediendo a definirse situación jurídica por parte de la
fiscalía(…) absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y
ordenando su libertad inmediata.
La
decisión de la Fiscalía contrasta con su actuación morosa al
momento de pronunciarse sobre la demanda de constitución en parte
civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
La
posición del ente acusador genera profundo desconcierto y dolor en
los familiares de Alida, quienes desde el mismo momento en que
ocurrió el crimen han exigido Verdad y Justicia al Estado
colombiano. Estos hechos que conmueven los cimientos del Estado
social de derecho que se predica en Colombia, permiten evidenciar el
tratamiento que reciben los presos políticos en nuestro país,
quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el
injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales
contra sus familiares” [14].
3. Conclusión:
La tortura como mecanismo de control social
Hay una utilización
sistemática de la tortura con una finalidad clara: la perpetuación
de un Status Quo
de injusticia social mediante el miedo. La tortura es inherente a un
Estado que ha instaurado el terror como mecanismo de control social.
Un mecanismo amparado por la impunidad tejida nacional e
internacionalmente: perfeccionado y articulado en pro de garantizar
el libre saqueo de los recursos. La ferocidad que busca destrozar al
opositor político se inscribe en una lógica de estado, las
crueldades no son obra de ‘guardianes
desquiciados’, ‘negligencias
médicas’, o ‘manzanas podridas’ en
el ejército: hay una planificación del terror, una negación de
facto de la asistencia médica en el ámbito carcelario, una doctrina
militar del “enemigo interno”,
hay formadores en torturas [15] y hay una política de “tierra
arrasada” preconizada desde EEUU, que
incluye el empleo de la herramienta paramilitar[16].
El sistematismo, la
impunidad y la perpetuación del drama humanitario pone de relieve un
ensañamiento preconcebido. No es casualidad que ante
la intensificación de la entrega del país a las multinacionales,
que trae su consiguiente desacuerdo popular, se
implementen mecanismos que legalizan los crímenes de Estado:
se busca que la respuesta represiva del Estado ante la reivindicación
social no tenga límites. La tortura estatal goza de un marco ad-hoc.
En diciembre 2012 el congreso colombiano aprobó la Reforma
Constitucional de ampliación del Fuero Militar, impulsada por
Santos: el Fuero Penal Militar consagra
la impunidad para los
crímenes de Estado; es una
herramienta indispensable a esa lógica estatal de emplear la tortura
y el exterminio como mecanismos de control social. El
congresista Cepeda expresa: “Es
un golpe como pocos en nuestra historia a los Derechos Humanos. (…)Es
altamente probable que todos esos casos de asesinatos de civiles a
manos de militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más
de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones, terminen en manos
de la justicia militar. Las víctimas quedan expuestas a que su
derecho a la justicia sea abiertamente violado” [17].
“Es
el otorgamiento a militares y policías de un cheque en blanco, para
matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir sexualmente, entre
otras atrocidades, a cualquier colombiana o colombiano, con la
garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes”[18],
apunta el periodista Camilo Raigozo. Es la garantía de impunidad
para intensificar la guerra del terror contra la población. En
cuanto a las aducidas 7 excepciones a la Justicia Militar, se
denuncia que no son sino una coartada, ya que en la práctica será
imposible hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo sí
se le reconoce al crimen el carácter de Crimen
de Lesa Humanidad.
El carácter de Lesa
Humanidad, de Crimen de Estado, deberá ser demostrado en instancias
estatales; el cinismo consolida la total impunidad para los
militares.
“En
cuanto a la coartada que encierra las ‘exclusiones de la justicia
penal militar’, la ONU y HRW advirtieron que de acuerdo con el
derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por la
sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones
extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares
únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si
forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la
población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo
con la política de un Estado u organización’. En palabras del
Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen de lesa humanidad no
es toda grave violación de derechos humanos. El Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques
sistemáticos o generalizados contra la población civil’.
Por
lo tanto en la enmienda aprobada, para poder emprender acciones en
los tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deben demostrar
en cada caso que la víctima de genocidio, lesa humanidad,
desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones
extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco de
un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra
la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad
con una política oficial, lo cual es imposible, porque es de lo que
se van a cuidar los criminales” [19].
Demostrar
eso caso por caso va a resultar imposible, y no por falta de
evidencias, no porque estos crímenes en Colombia no sean parte de un
“ataque
generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con
conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado”,
sino justamente, porque al ser parte de una planificación estatal,
todas las instancias estatales se van encargar de imposibilitar tal
demostración ¿O
si no qué explica que en un país en el que se han documentado más
de 3000 casos de asesinatos de civiles a manos de militares -según
el mismo modus operandi, impulsados por una directriz ministerial
(029) y con la misma finalidad-, todavía el ejército y los medios
de desinformación hablen de las “manzanas
podridas” al
referirse a los militares que han perpetrado estos crímenes en masa?
No hay tal “manzanas
podridas”,
hay una planificación estatal, y los ejecutantes de la tortura,
violación sexual, genocidio, desplazamiento forzado, son parte de un
ejército que perpetra estos crímenes de Lesa Humanidad amparado en
la impunidad que le garantiza esa planificación estatal.
El Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “En
los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de
victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000
ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de
personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen
62.000 desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes
es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública
y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento.
Cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe
contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de
Estado(…) Es indispensable que se incluya en los
diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as)
políticas (…)exigimos que cesen los montajes judiciales
y la injusta judicialización de la protesta social”[20].
NOTAS:
*
Este texto es a la vez un texto autónomo y la VI Parte del
dossier Colombia y sus miles de presos políticos
silenciados que abarca el contexto de intereses económicos
y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las
condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos,
la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de
manifiesto.
Para
consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas
completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta publicación:
www.azalearobles.blogspot.com
