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viernes, 4 de abril de 2014

CERRADAS POR IMPÚDICAS.


          
               Henry Tovar
     
         La decisión tomada por el gobierno ecuatoriano, en el año 2012, de cerrar catorce universidades, después de evaluadas, a través del ente rector de la educación universitaria de ese país, evidencia de perogrullo, que el aseguramiento de la calidad educativa, comienza con la enunciación de políticas educativas, fomentadas por el Estado e implementadas por las instituciones de educación.

      La problematicidad de la evaluación no se circunscribe a evaluar todo lo que se quiera o se pueda evaluar. No es problema sólo de calidad y cantidad. Cantidad de pupitres, cantidad de revistas, cantidad de doctores. Es también de pertinencia. De la orientación de la formación, de las investigaciones y de la Acción Social de las instituciones. No sólo de la eficiencia. 
 
     El problema de la calidad tampoco puede sancionarse desde la legitimación de distintos conceptos de calidad, con los cuales es posible asumir la calidad posible que cada institución puede ofrecer para que nada cambie. El punto de partida de las decisiones tomadas por el gobierno ecuatoriano se sustentó en la formulación de unas políticas que reorientaron la concepción prevaleciente de la Calidad. El insumo principal lo constituyó la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento (865).

     En la República Bolivariana de Venezuela, estamos en deuda con el país por la perentoria e impostergable necesidad de una Ley adecuada a las nuevas realidades de la educación universitaria y de una Ley para normalizar los procesos de evaluación y acreditación de instituciones universitarias, a objeto de garantizar el cumplimiento del Articulo 103 de la Constitición y el Artículo 45 de la Ley Orgánica de Educación. De allí la importancia del Sistema de Evaluación, Supervisión y Acreditación (SESA), propuesto por el CEAPIES y del Modelo V de Evaluación-Planeación del investigador mexicano Dr.González González (2005), a cuya propuesta metodológica se adhiere el SESA.

          El Modelo V de Evaluación-Planeación es una novedosa propuesta en cuya concepción se introduce la categoría denominada superestructura, como elemento ordenador y jerarquizador de los criterios de calidad, dentro del diseño de la evaluación educativa, como referente distinto a la categoría de dimensiones. Aquel se orienta hacia la evaluación de los propósitos, concepciones, políticas y planes de una institución, materializados en documentos constituyentes del cuerpo de ideas e intencionalidades, cuyos contenidos o su ausencia podrían explicar, parcialmente, las bondades o las limitaciones de sus resultados. Por consecuencia, resulta evidente que no se trata tan sólo de caracterizar y visibilizar, conforme a sus funciones, a las distintas dependencias de una institución, sus visiones autocomplacientes y sus quehaceres. 

           El criterio de superestructura va a la médula del problema, inquiriendo sistemáticamente sobre el qué y el porqué de las acciones u omisiones de las instituciones universitarias, cuya acción debe estar en armonía no sólo con su pertinencia institucional, sino tambien con las leyes, políticas educativas y los planes de desarrollo social y humano de la nación.

       El asunto de la repetición de la oferta académica, por ejemplo, no era propio de las instituciones privadas en la República del Ecuador, la oferta, allá como acá, responde a una lógica mercantil. En Venezuela, constituye una práctica viciosa que las instituciones universitarias del sector privado repliquen sus carreras en todos aquellos estados en donde tienen extensiones; algunas de las cuales constituyen franquicias al margen de las normas legales que han permitido la creación y funcionamiento de esas instituciones; lo cual es un tema que deberíamos considerar en una futura Ley de instituciones universitarias.

      Resulta igualmente interesante, ponderar la bondad de un esquema de clasificación de las instituciones universitarias, conforme a su calidad o la integralidad de sus funciones. Por ejemplo, no son iguales las instituciones que producen investigación y las que no producen. Existen instituciones llamadas universitarias que no lo son, en atención a diversos conceptos, las funciones y misiones de la universidad. Eso deberíamos considerarlo para una posible clasificación, incluso, de las universidades oficiales. También se debería prestar atención a la pertinencia, la calidad y el impacto de investigación producida.

       El problema de la precariedad laboral de la planta docente en las instituciones universitarias privadas, también constituye un grave problema en Venezuela. A esta situación se le ha prestado poca atención, a la cual se suma la falta de estabilidad laboral y el desinterés en la aplicación del escalafón docente, establecido en la Ley de Universidades vigente. En este sentido, los docentes de estas instituciones conforman un conjunto de ciudadanos a los cuales se les restringen sus derechos. Tal como se señala en el informe de Guillaume Long: ”la precariedad laboral, a más e afectar derechos, imposibilita la creación de vínculos académicos entre docentes, y entre docentes y estudiantes. Sin relacionamiento académico no puede existir una comunidad dedicada a la investigación y a la generación de conocimiento”

       Otro paralelismo de la educación privada en Venezuela, con respecto al Ecuador, es la excesiva oferta de carreras que requieren baja inversión e infraestructura (Administración, contabilidad, mercadotecnia, turismo), junto con utilización de locales y viviendas improvisadas para el desarrollo de la labor docente, cuyas infraestructuras carecen, además, de bibliotecas adecuadas y de espacios para la práctica deportiva, la apreciación artística y medios para el debate de ideas. También pareciera interesante, y necesario, valorar la posibilidad de aplicar pruebas de conocimiento a los estudiantes de instituciones evaluadas y calificadas con niveles muy bajos de calidad.

        Otra situación común, digna de considerar en un proceso de evaluación de instituciones privadas venezolanas, es el relativo al bienestar estudiantil, el cual no se limita a la ausencia de servicios médicos u odontológicos, por el presunto entendido de que quien paga un servicio privado tiene los recursos para otorgarse su propio bienestar. Tiene que ver también con la existencia o inexistencia de servicios de orientación, psicología, tutorías, becas trabajo.
    
      Otra omisión remite a la responsabilidad y el compromiso social de las instituciones privadas con relación a las comunidades de su entorno. La generalidad de las instituciones privadas no realizan actividas de Acción Social que no estén vinculadas con algún provecho propio para generar recursos financieros.

           En el año 2005, se señalaba en un informe de la Instituto internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), (sobre los institutos y colegios universitarios en Venezuela), la inconveniente oferta de carreras iguales con nombres distintos. El informe remitía textualmente la integridad del texto de la letra A del Libro Oportunidades de Estudio de la OPSU, en la cual se ofertaban carreras en el área de la Administración con una determinada orientación (Administración; Administración comercial; Administración pública; Administración y gestión municipal; Administración de haciendas; Administración de aduanas; Administración de hoteles; Administración de transporte; Administración hospitalaria; Administración turística; Administración financiera; Administración de compras, Administración de ventas; Administración, mención gerencia industrial; Administración, mención relaciones industriales); y se alertaba sobre la posibilidad de estar formando futuros desempleados etc. Todas estas denominaciones son, sin lugar a dudas, expresiones mercadotécnicas, en tanto que la Administración es una sola.

       Otras distorsiones, las constituyen nominaciones presuntuosas de algunas sub áreas de conocimiento como las Ciencias del fuego, las Ciencias policiales, las Ciencias penales, Ciencias navales, Ciencias aeronáuticas, denominaciones fragmentadoras del conocimiento, las cuales carecen de correspondencia con las áreas de conocimiento internacionalmente reconocidas y normalizadas.

     La ausencia de representación estudiantil también es una práctica compartida en las instituciones universitarias privadas de este país.

       En Venezuela existen delitos, no tipificados, como la suplantación de autoridades académicas y administrativas, a quienes se les requiere sólo para la firma de documentos o la represención formal de la institución, o cuando se les realiza actividades de supervisión, sin previo conocimiento de quienes las dirigen; venta de franquicias; creación de programas no autorizados.

      El informe de Guillaume Long, sobre la educación universitaria privada en Ecuador, confirma que el lenguaje empresarial y fordista, introducido en la cultura de la evaluación de la calidad de educación, teniendo como centro a la “LA EFICIENCIA”, y al “eficientísimo productivo”, es un valor propio de la cultura industrial, que en educación constituye un extravío desdibujador de la unicidad creadora del trabajo intelectual y las más autenticas finalidades de la educación universitaria. 

        El eficientísimo productivo de las cadenas de producción de la fábrica, expresado en algunos de los indicadores para la evaluación de la educación universitaria, nada tiene que ver con la formación de seres humanos, ciudadanos sensibles, comprometidos con valores sociales, ciudadanos competentes y cabalmente preparados para insertarse en una sociedad distinta del capitalismo. Resulta claro que la lógica del eficientísimo productivo es coherente con los valores del industrialismo y el capitalismo más salvaje, pero incoherentes para la comprensión de los procesos formativos de seres humanos.

        La evaluación de instituciones privadas, tal como ocurrió en Ecuador, obligará a la “depuración de sedes, extensiones, programas paralelos y otras modalidades de similares características que mantengan las instituciones de educación superior fuera de sus sede o domicilio principal”, conforme a señalado Guillaume Long en el citado informe sobre las instituciones universitarias ecuatorianas. En consecuencia, otro elemento bien importante a considerar, por las presumibles diferenciaciones de calidad existentes en un programa ofertado en varios estados, será la evaluación de las múltiples y distantes extensiones de las sedes de las instituciones universitarias privadas dispersas en el territorio nacional.

      Agregaremos en estas observaciones, un situación que parece tener conexión con la calidad o las exigencias requeridas por los programas ofrecidos las instituciones universitarias privadas, como el caso de la existencia de instituciones universitarias que semejan líneas de producción de postgrados y doctores. En el Zulia, existe por lo menos una institución de este tipo.

          Finalmente, se debe señalar, que todas estas anormalidades son, en parte, consecuencia de la inexistencia de un sistema de evaluación institucional y de carreras en Venezuela. Ciertamente, se carece de una cultura de la evaluación, pero ha faltado voluntad e instrumentos legales adecuados para enfrentar estos despropósitos en la educación universitaria. De allí la importancia, repetimos, del sistema de evaluación (SESA), propuesto por el CEAPIES, cuyo Comité Asesor, integrado por veintisiete académicos de universidades nacionales, es liderado por el Dr. Ovidio Charles Van Glover, quien también funge como Coordinador del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado (CCNP) y a quien hemos escuchado su preocupación por los modelos de formación profesional prevalecientes en las instituciones universitarias, cuyas orientaciones, implantadas desde el exterior en la década de los años sesenta (en medicina y en todas las ingenierías), responden a las lógicas de la dependencia tecnológica.
           
        A pesar de que, desde la divulgación del SESA y la consulta hecha entre las instituciones universitarias nacionales, el sistema propuesto ha sido bien ponderado por varias universidades, y de que, ni tan sólo una voz pública se ha mostrado contraria a la propuesta, la misma dormita en algún archivo del Consejo Nacional de Universidades. Cuestión que tampoco obsta para que las instituciones se auto-evalúen o para que se generen procesos de evaluación y acreditación de programas en las instituciones dependientes del MPPEU.
 
          Correo: contextouniversitario@gmail.com